AL DÍA
El Ararteko pide que Educación garantice la igualdad de acceso a la escuela infantil
Iñigo Lamarca. [USOZ]
SAN SEBASTIÁN.DV. Los niños no tienen en Euskadi las mismas oportunidades de acceso a una plaza en la escuela infantil (ciclo 0-3 años), a pesar de que está financiada con fondos públicos, porque los criterios de admisión son distintos en los cinco tipos de centros existentes: aulas públicas de dos años, escuelas dependientes del consorcio Haurreskolak, escuelas infantiles municipales, aulas de dos años de colegios concertados y escuelas infantiles privadas.
Resolver esta situación es una de las dos recomendaciones que incluye el Ararteko Iñigo Lamarca en el Informe al Parlamento Vasco 2007 que ayer entregó a Izaskun Bilbao, presidenta de esta institución legislativa. La defensoría del pueblo recibió 1.558 reclamaciones, de las que el 48% estuvieron motivadas por actuaciones de los ayuntamientos, el 36% del Gobierno Vasco y el 12%, de las diputaciones.
La segunda recomendación del Ararteko atañe a la Ley de Protección de Datos, que obliga a cancelar de oficio los datos de carácter personal que la Ertzaintza y las Policías locales recogen para fines policiales.
El Ararteko pide al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que establezca criterios comunes para la admisión de alumnos en los centros públicos que ofertan el ciclo 0-3 años dado que es un motivo de queja de los ciudadanos, y constata que no se produce una igualdad de oportunidades, como es exigible en un servicio sostenido con dinero público.
A título de ejemplos de la desigualdad existente, el informe del Ararteko menciona dos casos: el consorcio público Haurreskolak exige que el niño esté empadronado con una antigüedad superior a un año, requisito que no se exige en los demás niveles de la educación pública. Un segundo caso concierne al Ayuntamiento de San Sebastián, cuyos funcionarios tienen reconocida «una suerte de acceso directo para sus hijos a ciertas escuelas infantiles municipales».
«La necesidad de ordenar estos criterios comunes -subraya el informe- se hace mucho más patente con la nueva propuesta de itinerarios formativos que trata de evitar la necesidad de nuevos procesos de admisión consecutivos. Creemos sinceramente que la Administración educativa no debería demorar esta actuación», advierte el Ararteko.
Datos policiales
Lamarca también constata que la Ertzaintza y las policías municipales no siempre cumplen la obligación legal de cancelar los datos personales de que disponen «cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento», tomando como referencia la edad, la resolución judicial, el indulto, la rehabilitación o la prescripción de la responsabilidad.
Lamarca pide a los organismos policiales que aprueben «si no lo han hecho aún» un protocolo de actuación que fije los criterios y el procedimiento para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de Datos.
El Ararteko ha constatado que la Ertzaintza y el Ayuntamiento de San Sebastián cumplen sólo parcialmente esta obligación, mientras que el incumplimiento es claro en el caso de las policías locales de Bilbao y Vitoria.
Violencia sexista
El Ararteko manifestó ayer durante la presentación pública del informe que las administraciones públicas «deben hacer más» para luchar contra la violencia sexista, aunque reconoció el esfuerzo que están haciendo en los últimos años por hacer frente a esta realidad «abominable».
Entre las quejas más destacadas en este ámbito, el Ararteko ha tramitado un caso en el que una víctima agredida por su hermano no pudo acceder a una vivienda protegida por esta vía preferente porque la normativa limita su aplicación a los casos de violencia de cónyuges o parejas afectivas.
Por ello, el Ararteko recomienda en su informe que se modifique la normativa sobre acceso preferente a vivienda protegida para mujeres víctima de violencia.
Además, también ha recibido quejas referidas a las medidas de seguridad que se deben imponer en casos de órdenes de alejamiento. Otras peticiones de intervención están relacionadas con la guarda y custodia de los hijos de víctimas de violencia doméstica, por la falta de seguridad de los menores durante el régimen de visitas.
