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MADRID. Los 4.000 ahorradores que confiaron durante la década de los noventa en Gescartera -entre ellos, la Iglesia y varias mutualidades-, atraídos por sus jugosas rentabilidades, podrán recuperar al final todos sus ahorros, hecho inédito en este tipo de casos, aunque aún deberán esperar dos o tres años más para ello. Esta es la principal consecuencia de la sentencia dictada ayer por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que condena a Cajamadrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios -en la práctica, además, casi los únicos solventes- del fraude perpetrado por los responsables de aquella polémica agencia de valores -cifrado por los jueces en 87,9 millones de euros-, que fue intervenida en junio de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos responsables de la época han quedado aquí exculpados.

El fallo, uno de los más voluminosos que se recuerdan en la historia del citado órgano judicial (592 folios), comprende la condena a ocho de los acusados que se sentaron en el banquillo -la mitad de los cuales tuvieron incluso que ingresar con urgencia en prisión ante el ahora creciente riesgo de fuga- y la absolución de otros seis, entre ellos Laura García-Morey, esposa de Antonio Camacho, ex propietario de la agencia. A éste el tribunal le considera «el fundamental artífice y urdidor de la trama empresarial que condujo a la despatrimonialización de Gescartera», entidad a la que controlaba sin límite alguno. Por ello, le considera autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que deberá cumplir 11 años de cárcel, si bien por el tiempo pasado años atrás en prisión preventiva y los beneficios penitenciarios podría acceder al régimen abierto en dos y a la libertad condicional en cinco.

Pero ésta era una noticia más o menos esperada por todos; no así la ya declarada responsabilidad civil de Cajamadrid Bolsa y La Caixa, aunque la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones insistieron en ella durante los tres meses y medio que duró el juicio. Los magistrados les han dado la razón en primera instancia, si bien ambas entidades han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo (al igual que el resto de condenados) al sostener que su discutida actuación en este caso se ajustó «rigurosamente no solo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector». No piensan igual en la Audiencia Nacional, que incluso justifica su decisión en la jurisprudencia del propio alto tribunal (dos sentencias de 2007, una de 2005 y otra de 2004), lo cual, a priori, parece reducir las opciones de esos recursos.

Falta de control

Aseveran los tres jueces del tribunal del caso, presididos por Carmen González, que las entidades son responsables de los delitos o faltas cometidos por sus empleados (en el caso de La Caixa, los dos jefes de su sucursal en Majadahonda, José Castro y Miguel Prats, condenados ahora a tres años de cárcel). A ello se une el hecho de que no adoptaran las cautelas exigibles a cualquier entidad financiera, por ejemplo, respecto a las «cotidianas» extracciones de dinero que realizaron personas enviadas desde Gescartera sin documentación acreditativa alguna. O bien, caso de Cajamadrid, se firmaran contratos de subcustodia de valores sin informar a los clientes afectados.

Por todo ello, la Audiencia Nacional les considera responsables civiles «en el total de los perjuicios irrogados», y no sólo en la parte que la Fiscalía había calculado respecto a ellos. De esta forma, habrán de responder -con carácter subsidiario, aunque en la práctica es probable que les toque casi todo- por los citados 87,9 millones del déficit patrimonial de la agencia de valores, más los intereses legales devengados desde el inicio del proceso (hace ya siete años) hasta su final (cuando el Supremo resuelva, en unos dos años, los recursos presentados), lo que podría disparar esa suma por encima de los 140 millones de euros. De ellos, se sufragará el Fondo de Garantía de Inversiones, que adelantó parte de las indemnizaciones (26 millones). COLPISA