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Hay sentencias o resoluciones que por su originalidad, eco mediático o repercusión lanzan al juez que las dicta al 'estrellato'. Es lo que le ha ocurrido a Edorta J. Etxarandio Herrera, responsable del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, que ha saltado al primer plano de la actualidad por adoptar medidas cautelares contra Electricité de France (EDF) al considerar verosímil la denuncia de Iberdrola, que acusa al grupo francés de competencia desleal. Su sorprendente y expeditiva actuación ha causado gran revuelo en el mundo jurídico, aunque el magistrado asegura que no le ha costado tomar la decisión porque el caso estaba muy claro. «La prolongada indefinición de EDF» sobre sus intenciones «obstaculiza el proyecto de Iberdrola», afirma. Durante una entrevista concedida en exclusiva a EL CORREO, Etxarandio, que habla en euskera con sus colaboradores, no puede evitar traslucir cierto rechazo a la idea de que la eléctrica vasca deje de tener su sede en Euskadi.

-Su auto ha sorprendido por novedoso y porque apenas tardó una semana en elaborarlo desde que recibió la solicitud de Iberdrola.

-Es totalmente nuevo porque la situación no se había planteado nunca. Pero he podido actuar tan rápido por lo bien trabada que estaba la solicitud, realizada por juristas tan prestigiosos como Mario Fernández y José Massaguer, uno de los especialistas más punteros en competencia desleal. La originalidad del planteamiento es suya. Su tesis es que la prolongada indefinición de EDF sobre sus intenciones en Iberdrola está produciendo efectos perjudiciales para la eléctrica vasca: si, por ejemplo, ambas están pujando por un proyecto, Iberdrola estaría en desventaja por la incertidumbre que le envuelve; su plan estratégico y sus inversiones tienen la espada de Damocles de ese posible 'asalto' a su capital; dentro de poco se celebra la junta de accionistas y falta esa información. Todo esto obstaculiza, en su opinión, el proyecto de Iberdrola y se plantea como una conducta de competencia desleal. El juzgado considera verosímil esa tesis y entiende que existe la urgencia que requiere la adopción de medidas cautelares.

-Ni siquiera dio audiencia a la parte contraria, es decir, a EDF.

-El requisito indispensable para que se puedan solicitar medidas cautelares es la urgencia. En este caso se cumplía. Ante la petición de Iberdrola sólo había dos opciones: o desestimarla o admitirla tal como estaba planteada, con carácter de urgencia y sin audiencia de la parte contraria. Bueno, se dice así, pero en realidad es una audiencia diferida. Ahora he enviado a París el texto traducido. Cuando lo reciban, verán qué hacen con ello. Pero tienen la oportunidad de personarse aquí en Bilbao y discutir la competencia de este juzgado y la cuestión de fondo de las medidas cautelares. Lo que ocurre es que primero tienen que cumplir la orden judicial

-Entonces, ¿EDF tiene que primero cumplir con la orden de aclarar públicamente sus intenciones en Iberdrola y luego, si quiere, protestar?

-La empresa tiene cinco días para cumplir con la orden judicial que le obliga a responder a unas preguntas muy concretas sobre si tiene o no una participación en Iberdrola o si tiene en marcha un proceso de toma de control de la eléctrica. Las preguntas son muy claras y también lo tienen que ser las respuestas. Jurídicamente tiene que acatar la orden. Pero en la realidad puede no hacerlo. Hay mucho riesgo de que sus asesores le aconsejen no cumplir la orden al considerar incompetente al juez. En ese caso yo no puedo hacer nada más. Ni siquiera poner una multa. Si EDF desobedece al juez, el caso se sometería a derecho penal francés.

Pasos

-EDF ya ha reconocido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantiene contactos con ACS sobre su interés en Iberdrola, sin que se haya llegado a un acuerdo. El regulador bursátil se ha dado por satisfecho con estas explicaciones. ¿Por qué usted no?

-Lo que dice la ley en el campo del mercado de valores parte de una regulación que no está controlada por la vía civil y no pertenece para nada a este proceso. Aquí lo que ocurre es que hay dos competidores y uno de ellos, por noticias difundidas, deja entrever contactos para tomar el control del otro. La prolongación de esa indefinición -llevamos más de dos meses con esto- obstaculiza el negocio de Iberdrola. Eso es un conflicto civil entre dos empresas porque una de ellas considera que la otra, a través de esas maniobras, está desarrollando una conducta de competencia desleal. Ese planteamiento tiene bases doctrinales aunque no jurisprudenciales, porque es la primera vez que se plantea de esta manera. Yo estimo que es verosímil y me limito a tomar medidas cautelares porque el juicio, aunque sea ordinario, tardará seis o siete meses.

-Pero resulta extraño que sea un juzgado de lo mercantil de Bilbao el que regule este proceso.

-Creo que es porque algo no funciona bien en los que tienen que regular estos mercados. El posible control de Iberdrola por una empresa pública francesa ni siquiera es competencia de España. Pero no tenemos estas fórmulas ante los tribunales europeos. Por eso se ha buscado esta vía.

-¿Existe, en este caso, un vacío legal?

-La prolongación durante dos meses de esta situación no revela un funcionamiento correcto. Estamos hablando de que el proyecto de Iberdrola se está obstaculizando. Hay accionistas perplejos que no saben a qué carta quedarse; si vender o no vender.