MÁLAGA. La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía requirió ayer a la Clínica San Rafael un informe sobre la denuncia del comité de empresa por la sanción a varias enfermeras por negarse a llevar falda y aseguró que con esta imposición «no sólo se agrede los derechos laborales» de los trabajadores sino también «el sentido común».
La consejera para la Igualdad Micaela Navarro, señaló que «a estas alturas, en el siglo XXI, no cabe en cabeza humana que tengan que utilizar un vestuario que no se usa desde hace no sé cuantos años». Según Navarro, el hecho de llevar faldas impide a las enfermeras y auxiliares, entre otras cosas, poder trabajar con cierta garantía y afecta, además, a «su derecho a la salud laboral».
La consejera en funciones calificó de «grave» el que la empresa haya decidido retirar el complemento de asistencia (30 euros al mes) al personal que incumpla la normativa de vestuario y afirmó que las enfermeras tienen a su disposición el Servicio de Defensa Legal del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Navarro explicó que este servicio, surgido por un convenio de colaboración con UGT y CCOO para abordar cualquier tipo de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, tramita las denuncias de manera gratuita.
La empresa José Manuel Pascual Pascual. aseguró ayer que la vestimenta que rige en sus centros se diseñó tras aprobar una norma interna que fue consultada con sus propios profesionales y que la elección del vestuario en cada una de las categorías profesionales que componen sus plantillas «obedece a un exclusivo criterio de imagen sanitaria y corporativa». Además, negó que obedezca «a ningún propósito discriminatorio» ni que afecte «a la dignidad de las trabajadoras de la empresa». EFE