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SAN SEBASTIÁN.DV. El poder del partido Acción Nacionalista Vasca en los municipios vascos se traduce en los 437 ediles con los que accedió a 33 alcaldías en la Comunidad Autónoma Vasca y otras ocho en Navarra, tras las elecciones del pasado 25 de mayo de 2007. En total, está presente en 126 ayuntamientos. Su mayor implantación se concentra en Gipuzkoa, donde ANV consiguió 23 alcaldías y controla feudos tradicionales de la izquierda abertzale como Oiartzun, Pasaia, Hernani o Arrasate. Este último es el municipio con más población de los gobernados por ANV (22.300 habitantes).

ANV, partido creado en 1930 y que participó en el nacimiento de Herri Batasuna, presentó en las últimas elecciones municipales candidaturas en la mayoría de los municipios vascos. El Tribunal Supremo anuló 133 listas, al considerar que estaban «contaminadas» por Batasuna, permitiendo la concurrencia de otras 135.

Los regidores de la histórica formación que recogió el testigo de la izquierda abertzale en los últimos comicios gobiernan, en total, a más de 170.000 vecinos. Además, las corporaciones de otros 60 ayuntamientos de Euskadi y 25 más de la comunidad foral cuentan entre sus miembros con concejales aeneuvistas.

La Justicia española suspendió el pasado 8 de febrero a Acción Nacionalista Vasca y le privó de sus vías de financiación como partido político. Sin embargo, eludió trasladar el caso Atutxa a los ayuntamientos. El Tribunal Supremo no aceptó los argumentos del letrado del Gobierno, que pedía la disolución de los grupos municipales de la formación independentista. Previamente, el auto con el que el juez Baltasar Garzón decretó la suspensión cautelar de las actividades aeneuvistas durante tres años ni siquiera había entrado a abordar esta cuestión.

ANV sigue trabajando con normalidad en los 93 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y otros 33 de Navarra a los que accedió en las elecciones del 25 de mayo de 2007. Aunque la decisión tomada por los jueces cierra las vías de ingresos a ANV y bloquea sus cuentas, Eudel explicó recientemente que, al no haberse producido la orden de disolver los grupos municipales, éstos seguirán recibiendo en cada consistorio la financiación pública legalmente establecida. Cada ayuntamiento concede a los grupos políticos de su corporación una determinada cantidad por su propia configuración como tal. La suma se incrementa por otros conceptos relacionados con parámetros variables, como el número de concejales adscritos a cada sigla.

El presidente de la Asociación de Municipios Vascos y alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz (PNV), explicó a este respecto la diferenciación que el pasado mes de diciembre estableció el Tribunal Constitucional entre partidos políticos y grupos parlamentarios. Textualmente, los magistrados se refirieron a ambos como «realidades conceptualmente distintas».

La jurisprudencia del Constitucional también fue esgrimida el pasado mes de febrero por el fiscal jefe Antonio Narváez, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. En contra se expresó el abogado del Estado Manuel Pacheco, quien solicitó en representación del Gobierno que la suspensión cautelar que pedía para ANV y EHAK se extendiera a sus grupos en las instituciones, al considerar que sirven para «complementar y apoyar en un aspecto político la acción terrorista». Asegurada la permanencia de los grupos municipales, otra cosa será si el partido abertzale encuentra la forma de hacer uso de esta fuente de financiación, dado que tiene bloqueadas sus cuentas por mandato de Garzón.

Orden judicial

La posibilidad de que los grupos municipales de ANV se deshicieran por orden judicial despertó una gran inquietud en el tripartito. El Departamento de Justicia había elaborado un informe jurídico -una simple «reflexión interna», según la consejería- que entregó a los socios del tripartito. Según diversas fuentes, una decisión de los jueces en este sentido habría dado paso a un escenario incierto.

La cuestión era abordada con diferencias de criterio importantes sobre el encaje de los ediles aeneuvistas en la corporación si sus grupos eran disueltos y sobre quién -el alcalde, el pleno o los altos funcionarios municipales- debería hacer cumplir la orden en el caso de que ésta se produjera. Todo ello dentro del particular contexto de la administración local, marcado por realidades sociales y reglamentarias muy diferentes en cada municipio.