VITORIA.DV. La consejera de Cultura Miren Azkarate ratificó ayer ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco su convicción de que el régimen de protección del yacimiento arqueológico de Praileaitz I (Deba), establecido por el decreto que aprobó el Gobierno Vasco el pasado mes de julio, es suficiente para garantizar la correcta conservación de las pinturas que se hallaron en la cueva en 2006. No obstante, se mostró abierta a extender el régimen de protección a toda la ladera -uno de los principales puntos de fricción entre la Consejería y los organismos que exigen liberar el entorno de la cueva de la actividad de la cantera de Sasiola-, siempre que la ampliación «esté bien motivada y fundamentada».
«No digo que no haya que modificar el decreto ni que no esté abierta a ello, sino que a distintas motivaciones corresponderán distintas consecuencias jurídicas», afirmó en la comparecencia, solicitada por el PP para que la consejera diera cuenta de las actuaciones de su departamento dirigidas a cumplir las peticiones que contenía la Proposición no de Ley sobre Praileaitz I que aprobó el Parlamento Vasco el pasado 14 de diciembre. Miren Azkarate, que recordó que la empresa que explota la cantera mantiene el recurso contencioso administrativo que presentó en su día contra las limitaciones que establecía el decreto, sugirió que previsiblemente «en algún momento un juez tendrá que decidir qué compensación corresponde a la cantera en función de las modificaciones de la concesión de explotación de 2001», por lo que hay que ser «prudente» y «armar jurídicamente a quienes tendrán que defender los intereses de la Administración frente a los legítimos intereses de la empresa».
Paralización cautelar
Miren Azkarate aprovechó su segunda comparecencia ante la Comisión parlamentaria para adelantar algunos resultados de los estudios que se están llevando a cabo en los últimos meses en el entorno de Praileaitz a instancias de la Diputación de Gipuzkoa, así como para presentar las primeras conclusiones del trabajo que, por encargo expreso del Gobierno Vasco, ha realizado en torno a las pinturas el arqueólogo británico Paul Pettitt, que según la consejera avalan en términos generales la actitud que ha venido manteniendo en los últimos meses el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Comunicó también Azkarate a los grupos parlamentarios la reciente decisión de la Agencia Vasca del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de iniciar diligencias previas para verificar si la empresa Hormigones Zeleta S.A., que explota la cantera en una de cuyas laderas se encuentra Praileaitz I, cumple la Ley de Costas, que entre otros extremos regula y restringe las actividades que pueden desarrollarse en las áreas que protege dicha ley. La actuación de la Agencia Vasca del Agua, que fue comunicada a todas las partes interesadas la pasada semana, se deriva de una denuncia planteada en su día por Mutriku Natur Taldea y ha supuesto que se haya solicitado a la cantera que «se abstenga de realizar actividades en la zona de la ladera» que transcurre paralela al río Deba, la ladera de la polémica, mientras se instruyen las diligencias previas, que podrían derivar en un expediente sancionador.
La Ley de Costas y el decreto que la desarrolla, de 1988 y 1989 respectivamente, son anteriores a la concesión de explotación otorgada por el Gobierno Vasco en 2001. Sin embargo, y según la denuncia de MNT, Zeleta S.A.unca pidió la autorización específica que se exige para cualquier actividad que se desarrolle en la zona de Servidumbre de Protección, que comprende una banda de terreno de 100 metros a partir del límite interior de la ribera, en la que se encuentran algunas de las zonas en explotación de la cantera.
Ahora, la Agencia Vasca del Agua tendrá que determinar el grado de afectación de las zonas de la ladera en la que opera la cantera y solicitará a Zeleta S.A. la documentación necesaria para ver si la actividad que desarrolla es compatible con los usos autorizados en un espacio de esas características, y si concede o deniega el permiso del que hasta ahora carece, dando lugar en el segundo caso a la paralización definitiva de la actividad extractiva en la ladera.
Distintas consecuencias
Si finalmente Zeleta no obtiene permiso para explotar la ladera, en la que según Azkarate no hay actividad desde que se puso el marcha el expediente de protección, «dispondríamos de legislación independiente [del decreto] que de hecho supone la protección de la ladera».
En caso de que la vía inicialmente abierta por la denuncia del grupo ecologista no prospere, Azkarate apuntó que habría otras dos posibilidades para extender la protección a la ladera. Una, que se descubrieran nuevos vestigios arqueológicos que lo justificaran, posibilidad que a la luz de los últimos estudios calificó de poco probable. Otra, «ampliar el decreto para proteger el entorno, pero sabiendo que no tiene nada que ver con las pinturas», algo para lo que no hay «legislación específica». Miren Azkarate no desestimó ninguna de las tres posibilidades, pero subrayó que las consecuencias jurídicas de cada una de ellas serían distintas, dejando entrever que las diferencias podrían guardar relación con las compensaciones que podría percibir la cantera en cada uno de los casos.
La consejera, que reconoció que el Departamento de Industria y la empresa están «evaluando las pérdidas que supone la aplicación del decreto», dijo ignorar la existencia de un supuesto acuerdo entre la Diputación y Zeleta para paralizar la actividad en la ladera durante un período de tres años, que fue mencionado en la comparecencia.