san sebastián. DV. La Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa solicita una condena de seis años de prisión para un inversor que presuntamente estafó un millón de euros a cerca de una treintena de clientes guipuzcoanos. El inculpado, Guillermo Juan G.P., será juzgado la próxima semana en la Audiencia de Gipuzkoa como presunto autor de un delito de estafa y otro de apropiación indebida.
Los hechos objeto del proceso judicial se remontan a la década de los años 90 cuando el acusado constituyó en la capital guipuzcoana dos sociedades destinadas a la asesoría e inversiones financieras, conocidas popularmente como chiringuitosfinancieros. Las firmas eran Plaza Capital Asesores Financieros S.A. y Trading Floor S.A.
La Fiscalía precisa en su escrito de acusación provisional que el inculpado «valiéndose del respeto y de sus habilidades como gestor de capitales, obtuvo de un elevado número de inversores gran cantidad de dinero. Añade que «dada la confusión de patrimonios» y las «irregularidades en la gestión» de las sumas, el procesado terminó por desposeer a los inversores, no ya de los intereses prometidos sino también del capital invertido.
Sin autorización
La acusación sostiene que estas operaciones se llevaron a cabo a pesar de que el acusado carecía de autorización administrativa para operar en el mercado financiero.
En el proceso se halla personada, al menos, una acusación que ejerce un de los perjudicados a través del letrado José María Múgica. El escrito de acusación presentado por el abogado recuerda que el acusado desplegó una publicidad así como la apariencia de solvencia con el objetivo de «ganarse la confianza de sus inversores que le encomendaban el dinero, que luego no restituía».
El abogado precisa asimismo que, alternativamente, el inculpado, «con la intención de lucrarse económicamente» emprendió también una campaña de publicidad, en la que ofrecía la obtención de grandes beneficios en las inversiones económicas que se efectuaran en las sociedades de las que era administrador. En este sentido, recuerda esta acusación que «atraído por dicha» campaña, uno de los perjudicados entregó al acusado 9.500.000 de pesetas (57.125 euros), de los que sólo ha podido recuperar 4.500.000 (27.059 euros)».
Las inversiones oscilaban entre 2.000.000 de pesetas (12.000 euros) y 29.500.000 (177.390 euros). Sólo a dos hermanas, el acusado estafó presuntamente 348.040 euros. En este sentido, hay seis clientes cuya estafa aún está sin cuantificar y que se acreditará durante el juicio.
Además de los seis años de prisión, la Fiscalía pide para el inculpado una multa de 3.600 euros y que devuelva a los perjudicados las cantidades que les debe.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya impuso el año 2000 una sanción de 640 millones a las dos empresas que fueron creadas por el acusado, precisamente por operar en los mercados de valores sin contar con la autorización preceptiva.