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san sebastián. DV. Agresiones como la sufrida por la adolescente de Ermua no son habituales en Euskadi, pero de cuando en cuando se dan. Los Juzgados de Menores del País Vasco pueden dar cuenta de ello. «Una paliza de las dimensiones de las que sufrió esta chica es algo aislado, si bien los malos tratos entre menores son frecuentes», afirman fuentes judiciales. La memoria redactada por la Fiscalía de Gipuzkoa mostraba ya en 2006 una especial preocupación por los delitos cometidos por los chicos. El informe constató que los adolescentes perpetran no sólo cada vez más ilícitos penales, sino que éstos son más graves.

La brutal agresión de la que fue víctima la joven vizcaína de 15 años el pasado día 10 en Ermua ha puesto en evidencia la violencia con la que, en ocasiones, se manifiestan los menores de edad. La víctima fue golpeada con una barra de hierro, le orinaron encima, le quemaron el pelo y le arrollaron con una moto. La rivalidad entre chicos y chicas con problemas de adaptación social y, en algunos casos, con desequilibrios psicológicos, fue el desencadenante de la agresión.

Fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco y portavoces de guardias municipales de Gipuzkoa consultadas aseguran que episodios de semejante virulencia se dan en «muy contadas ocasiones». Sostienen que «este es un caso puntual, en el que concurren unas circunstancias muy concretas. No estamos acostumbrados a ver esta clase de comportamientos en nuestros pueblos y ciudades», coinciden en señalar las fuentes citadas.

Los juzgados de Menores de Euskadi, sin embargo, están repletos de diligencias incoadas contra menores, aunque bien es cierto que pocos son de tanta gravedad. «No hay más que darse una vuelta por los palacios de Justicia los días que se celebran juicios para comprobar la cantidad de procesos que hay», afirman fuentes judiciales.

La Fiscalía de Gipuzkoa constató en 2006 un incremento de 5,9% de diligencias incoadas por hechos cometidos por los menores. El mismo estudio subrayó un crecimiento del 66% de los delitos contra la libertad sexual perpetrados por adolescentes. Del mismo modo, aumentaron las faltas contra el patrimonio (25%), la violencia doméstica (22%) así como las lesiones (12%). Por el contrario, descendieron las infracciones penales por tráfico de drogas (55%) y los delitos contra la seguridad (72%), entre otros.

Fuentes judiciales aseguran que el maltrato entre adolescentes se da con frecuencia, tanto entre chicos, como entre las chicas. Insultos, vejaciones y lesiones son las conductas delictivas más comunes. Los actores de estos comportamientos son principalmente menores que presentan problemas de adaptación social que, además, en no pocas ocasiones, proceden de familias desestructuradas y conflictivas. «En un alto número de casos, se trata de chavales que han tenido fracasos en el ámbito familiar, escolar..., que no tienen ningún interés por continuar con los estudios y que, como son menores, están obligados a acudir diariamente a clase. Allí, en las aulas, son un foco de conflicto tanto con los docentes como con sus propios compañeros, a los que, en ocasiones, llevan varios años de diferencia porque son repetidores», reconoce un portavoz policial. Las misma fuente propone la creación de una «tercera vía» para dar respuesta a estos menores. «Sería conveniente que Educación, Interior, servicios sociales, Justicia, Fiscalía, entre otros, abordasen esta situación y tratasen de buscar una solución para que estos chavales tengan la oportunidad de continuar su formación por otras vías», afirman.

Contra la familia

Los menores, sin embargo, no sólo dirigen su agresividad hacia los de su misma franja de edad. En no pocas ocasiones, otros miembros de la familia, principalmente los padres, se convierten en víctimas. En muchos de estos casos se llega a situaciones límite donde los progenitores reclaman que sus hijos sean apartados del ámbito familiar, dada la imposibilidad de establecer unas pautas educativas. Sin embargo, la mayor parte de las veces, la entidad de los hechos imputados -al tratarse de meras desobediencias o de faltas de injurias, daños o amenazas- no permite, de acuerdo con la ley, adoptar una medida drástica como el internamiento, según precisa la memoria.

En algunos casos, ni siquiera estaría justificada una intervención desde el ámbito penal. En opinión de la Fiscalía de Gipuzkoa, esta problemática habría de ser abordada desde otras «instancias y entidades responsables de la educación, la protección e incluso la salud».

Los problemas de violencia doméstica de los hijos menores hacia sus padres, especialmente hacia sus madres, se producen en ocasiones en hogares donde ya existe una intervención familiar de los servicios sociales o ésta se considera conveniente.

En estos casos, dentro de la familia se produce habitualmente una falta de comunicación y ante la imposibilidad de solucionar los conflictos domésticos, éstos acaban degenerando en situaciones de violencia.

Menores inmigrantes

Los estudios relativos a menores infractores revelan asimismo un aumento de delitos cometidos por adolescentes extranjeros. En 2006 llegaron a Gipuzkoa más de 180 menores extranjeros y el año pasado fueron acogidos otros 219. La mayor parte son marroquíes, pertenecen a familias con escasos recursos económicos y han vivido en las calles de Tánger antes de entrar en España. Algunos presentan muchas carencias educativas y afectivas. A ello se une además que su integración es compleja debido a las dificultades del idioma, lo que se traduce en una tendencia a reunirse y relacionarse únicamente con sus iguales, según la Fiscalía.

Este reagrupamiento hace que, en ocasiones, las conductas desencadenantes de conflictos se contagien rápidamente entre ellos. La progresión de la agresividad se observa principalmente en los centros de acogida urgente de menores extranjeros, en los que, según la Fiscalía, la actitud hostil de uno de ellos rápidamente es copiada por el resto de los internos. Las denuncias recogidas por el ministerio público reflejan comportamientos conflictivos en el centro que progresan hacia la falta de respeto y finalmente desembocan en una abierta oposición a las normas y prohibiciones impuestas por los educadores y mantenidas por los vigilantes de seguridad. Se trata, principalmente, de insultos, siendo muy frecuentes las amenazas y las agresiones directas a educadores y vigilantes de seguridad, con frecuencia acompañadas de daños a bienes de los educadores o del centro.