Garzón encarcela a 11 dirigentes de Batasuna por «intentar reconstruir el frente político de ETA»

MADRID. El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de once de los dirigentes de la nueva Batasuna detenidos la madrugada del pasado lunes. A todos ellos, el magistrado les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista que habrían cometido al intentar reconstruir el 'frente político' de ETA, destrozado tras los sucesivos golpes judiciales promovidos por la Audiencia Nacional.

Los dirigentes de EHAK Sonia Jacinto y Jesús María Agirre, detenidos en la misma redada del lunes, podrán salir de la cárcel si abonan sendas fianzas de 50.000 euros. El magistrado les acusa de colaboración con banda armada y asociación ilícita.

Josetxo Ibazeta, ex concejal de Euskal Herritarrok, ilegalizada franquicia de Batasuna y detenido junto a los anteriores, deberá abonar una caución de 60.000 euros para evitar su encarcelamiento, acusado de pertenencia a banda armada. Y Kepa Bereziartua, presidente de Acción nacionalista Vasca (ANV) citado ayer para interrogatorio, tendrá que depositar 20.000 euros para evitar su encarcelamiento por colaboración con ETA y asociación ilícita.

Tras tomarles declaración a lo largo del día, el instructor concluye que todos los arrestados trataron de resucitar la ilegal Batasuna. Además, según el magistrado, los detenidos esta semana, junto a los otros imputados en este sumario, «han intentado reconstruir el frente político de ETA y asumir el referente político de la banda». Todo ello, a través de la «nítida instrumentalización» de EHAK y de ANV. Además, sostiene, todo el viejo aparato político de ETA, Ekin, ahora se ha integrado en Batasuna.

Para el juez, esta «instrumentalización» de los dos partidos ahora suspendidos cautelarmente «se torna especialmente evidente» en el «vaciamiento de las cuentas» de EHAK a favor de Batasuna. Según los informes de la Unidad Central de Información de la Policía, el partido sufrió una «descapitalización fraudulenta» para entregar cerca de 800.000 euros a personas del entorno de la coalición ilegalizada.

Horas antes de que Garzón mandara a la cárcel a la nueva cúpula abertzale, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido el ingreso en prisión, bajo la acusación de pertenencia a ETA, de doce de los nuevos dirigentes. Para el resto propuso fianzas de entre 20.000 y 30.000 euros. El juez sólo atendió parcialmente la reclamación del Ministerio Público porque impuso una fianza a Josetxo Ibazeta y, sin embargo, aumentó de manera sustancial las cauciones propuestas por el fiscal.

El juez Garzón suspendió el viernes pasado todas las actividades de estos dos partidos por considerar que han sido el instrumento de ETA para obtener representación institucional (autonómica y municipal) tras la ilegalización de Batasuna y el canal para financiar con las subvenciones y ayudas públicas la estructura clandestina del partido proscrito en 2003 y a los dirigentes de su 'frente político'.

Los abogados de ANV y EHAK reclamaron ayer a Garzón que revoque esta grave medida cautelar y le adelantaron que en caso de no aceptar el recurso reiterarán idéntica reclamación en los próximos días ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez considera que los once encarcelados, que se negaron a declarar ante en la Audiencia Nacional, y otros dirigentes ya imputados en este sumario habían sustituido en diciembre pasado al frente del partido ilegalizado a Joseba Permach y a los otros 23 dirigentes -el núcleo central de la Mesa Nacional- encarcelados en 2007, en especial como consecuencia de la redada policial del 4 de octubre en Segura.

El magistrado imputa a los once encarcelados un delito de pertenencia a la organización terrorista ETA-Batasuna y considera que tienen que ser encarcelados por haber incurrido en una reiteración delictiva, por el alto riesgo de fuga y de obstrucción a la labor judicial, y por la gravedad del delito (pertenencia a ETA) de que se les acusa.

Los once imputados que ayer entraron en prisión son los veteranos dirigentes Karmelo Landa, Eusebio Lasa, Aitor Aranzabal, Mikel Etxaburu y Karmele Aierbe; el ex concejal donostiarra del partido ilegalizado Iñigo Balda; el ex dirigente de Jarrai y también procesado en el sumario de Udalbiltza-Kursaal (asamblea de cargos públicos de Batasuna) José María Jurado, y los dirigentes de Ekin -el disuelto 'frente político y social' de ETA- Nuria Alzugaray y Mikel Garaiondo.

El encarcelamiento de este grupo eleva a 35 el número de miembros de las últimas dos direcciones de Batasuna -las elegidas desde marzo de 2006- que se encuentran en prisión y aborta el intento de refundación del partido ilegal que los arrestados iniciaron poco antes de las pasadas navidades.

La dirección del partido ilegalizado sólo tendría en libertad a un puñado de miembros. Entre ellos destacan la abogada Jone Goirizelaia -que ayer ejerció como defensora de varios de los detenidos-; el tesorero Jon Gorrotxategi; tres responsables navarros y alaveses; los siete representantes en el País Vasco-francés, y el prófugo Unai Fano, a quien se considera uno de los comisarios políticos de ETA en las reuniones que Batasuna, el PNV y el PSOE mantuvieron durante la pasada tregua.

Mientras tanto, la sala especial del Tribunal Supremo que supervisa la aplicación de la Ley de Partidos acordó ayer poner en marcha el proceso judicial para ilegalizar a EHAK. Los magistrados dieron por «personada» a la formación y le concedieron un plazo de 20 días para la contestación a las demandas de suspensión definitiva de actividades formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En esa misma reunión, la denominada 'sala del artículo del 61' rechazó admitir la personación de ANV al haber detectado un defecto de forma en el escrito presentado ayer por el partido ante el registro del alto tribunal. En concreto, falta un poder notarial de representación. Los magistrados dieron un plazo de diez días a la formación independentista para subsanar ese error.

El proceso iniciado carece ya de efectos prácticos ante las elecciones, ya que el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió de manera cautelar las actividades de ambas formaciones.