Politica
Los acusados del atentado de Capbreton se exponen a 30 años de condena íntegra
La pena más alta del código penal francés pende sobre los inculpados por los últimos asesinatos de ETA
PARÍS. DV. Los presuntos militantes de ETA Saioa Sánchez Iturregi, Hintza, y Asier Bengoa López de Armentia, encarcelados en París por los asesinatos de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, se exponen a ser condenados a cadena perpetua con 30 años de cumplimiento íntegro como mínimo, la pena más alta del código penal francés. Esta máxima sanción es la que reciben los culpables del cargo de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública con el agravante de terrorismo que les ha sido imputado por las dos juezas instructoras del sumario por el atentado del pasado día 1 en Capbreton (Las Landas).
La causa, incoada por la Fiscalía de París, va dirigida contra los dos inculpados y 'contra X', fórmula que alude a toda persona autora o cómplice del doble crimen. Así se deja la puerta abierta a una futura imputación del tercer integrante del comando responsable del primer atentado contra la Guardia Civil en Francia, de identidad y paradero desconocidos. El fugitivo, del que se perdió el rastro pocas horas después de los asesinatos cerca de Burdeos, es activamente buscado por las fuerzas de seguridad.
Las juezas antiterroristas Marie-Antoinette Houyvet y Laurence Le Vert inculparon a Sánchez y Bengoa como presuntos autores de los asesinatos. «Se parte de la calificación más alta y, a medida que la instrucción avanza, quizá se afine en vista del papel exacto de cada uno», explicaron fuentes jurídicas. Ambos imputados, que reconocieron su pertenencia a ETA en comisaría, según dijo el jueves el fiscal jefe de París, Jean Claude Marin, ingresaron la noche del domingo en prisión preventiva por orden judicial.
Sobre ellos pende la amenaza de la reclusión criminal a perpetuidad acompañada por un denominado 'período de seguridad' de 30 años. Esta disposición impide al condenado el disfrute durante ese plazo de redenciones de pena, permisos de salida, tercer grado o libertad condicional. Una vez cumplido íntegramente el tope mínimo, se puede presentar una demanda de excarcelación que falla una jurisdicción colegial en función de criterios como la peligrosidad, el arrepentimiento, la reinserción o la indemnización a las víctimas.
Tres casos
Entre los 162 presos de ETA en Francia, tres ya purgan cadenas perpetuas pero por crímenes cometidos en España. Se trata de los ciudadanos franceses Jon Parot (Argel, 1951), Jakes Esnal (San Juan de Luz, 1950) y Frédéric Haranburu (Biarritz, 1954) que fueron condenados por su participación en el comando Argala, responsable de 21 atentados cometidos en España entre 1978 y 1989 que causaron 38 muertos -en su mayoría militares y guardias civiles- y más de 200 heridos. Entre los ataques figura la explosión de un coche bomba en la casa-cuartel de Zaragoza que provocó once muertos, cinco de ellos niñas, hoy hace 20 años.
La sentencia fue pronunciada en 1997 por un tribunal especial antiterrorista de París ante el que España había denunciado los hechos, ya que entonces Francia no extraditaba a sus nacionales. A Esnal y Haranburu se les añadió un período de seguridad de 18 años de prisión, la mayor sanción prevista en el momento de los hechos. Por consiguiente, como están en la cárcel desde 1990, hasta el año que viene no podrán aspirar a ser liberados.
Parot, cuyo hermano Unai está encarcelado en España, vio rechazada el pasado julio su primera petición de liberación condicional, en su caso posible una vez cumplidos 15 años de prisión. La negativa de las instancias de aplicación de penas obedeció, en especial, a que no había «renunciado a reanudar relaciones con el movimiento vasco». Hasta dentro de un año no podrá volver a pedir la libertad condicional.
Filipe Bidart, fundador y líder histórico de Iparretarrak, realizó varios intentos hasta que el pasado 14 de febrero logró la libertad provisional al cabo de 19 años de prisión. Condenado dos veces a cadena perpetua por las muertes de dos CRS y un gendarme en 1982, nunca renegó de la lucha armada practicada por la organización vascofrancesa durante 25 años, de 1973 a 1988.
A pesar de su nombre, la cadena perpetua raramente significa en Francia la cárcel para el resto de la vida. Su duración efectiva media es de 20 años, según un estudio oficial realizado entre los condenados a esa pena liberados de 1995 a 2005.
La causa, incoada por la Fiscalía de París, va dirigida contra los dos inculpados y 'contra X', fórmula que alude a toda persona autora o cómplice del doble crimen. Así se deja la puerta abierta a una futura imputación del tercer integrante del comando responsable del primer atentado contra la Guardia Civil en Francia, de identidad y paradero desconocidos. El fugitivo, del que se perdió el rastro pocas horas después de los asesinatos cerca de Burdeos, es activamente buscado por las fuerzas de seguridad.
Las juezas antiterroristas Marie-Antoinette Houyvet y Laurence Le Vert inculparon a Sánchez y Bengoa como presuntos autores de los asesinatos. «Se parte de la calificación más alta y, a medida que la instrucción avanza, quizá se afine en vista del papel exacto de cada uno», explicaron fuentes jurídicas. Ambos imputados, que reconocieron su pertenencia a ETA en comisaría, según dijo el jueves el fiscal jefe de París, Jean Claude Marin, ingresaron la noche del domingo en prisión preventiva por orden judicial.
Sobre ellos pende la amenaza de la reclusión criminal a perpetuidad acompañada por un denominado 'período de seguridad' de 30 años. Esta disposición impide al condenado el disfrute durante ese plazo de redenciones de pena, permisos de salida, tercer grado o libertad condicional. Una vez cumplido íntegramente el tope mínimo, se puede presentar una demanda de excarcelación que falla una jurisdicción colegial en función de criterios como la peligrosidad, el arrepentimiento, la reinserción o la indemnización a las víctimas.
Tres casos
Entre los 162 presos de ETA en Francia, tres ya purgan cadenas perpetuas pero por crímenes cometidos en España. Se trata de los ciudadanos franceses Jon Parot (Argel, 1951), Jakes Esnal (San Juan de Luz, 1950) y Frédéric Haranburu (Biarritz, 1954) que fueron condenados por su participación en el comando Argala, responsable de 21 atentados cometidos en España entre 1978 y 1989 que causaron 38 muertos -en su mayoría militares y guardias civiles- y más de 200 heridos. Entre los ataques figura la explosión de un coche bomba en la casa-cuartel de Zaragoza que provocó once muertos, cinco de ellos niñas, hoy hace 20 años.
La sentencia fue pronunciada en 1997 por un tribunal especial antiterrorista de París ante el que España había denunciado los hechos, ya que entonces Francia no extraditaba a sus nacionales. A Esnal y Haranburu se les añadió un período de seguridad de 18 años de prisión, la mayor sanción prevista en el momento de los hechos. Por consiguiente, como están en la cárcel desde 1990, hasta el año que viene no podrán aspirar a ser liberados.
Parot, cuyo hermano Unai está encarcelado en España, vio rechazada el pasado julio su primera petición de liberación condicional, en su caso posible una vez cumplidos 15 años de prisión. La negativa de las instancias de aplicación de penas obedeció, en especial, a que no había «renunciado a reanudar relaciones con el movimiento vasco». Hasta dentro de un año no podrá volver a pedir la libertad condicional.
Filipe Bidart, fundador y líder histórico de Iparretarrak, realizó varios intentos hasta que el pasado 14 de febrero logró la libertad provisional al cabo de 19 años de prisión. Condenado dos veces a cadena perpetua por las muertes de dos CRS y un gendarme en 1982, nunca renegó de la lucha armada practicada por la organización vascofrancesa durante 25 años, de 1973 a 1988.
A pesar de su nombre, la cadena perpetua raramente significa en Francia la cárcel para el resto de la vida. Su duración efectiva media es de 20 años, según un estudio oficial realizado entre los condenados a esa pena liberados de 1995 a 2005.
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