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SAN SEBASTIÁN. DV. Lo mismo que se acude al dentista cuando se tiene un dolor de muelas, o se pide cita con el médico cuando ataca la gripe, cualquier ciudadano debería recurrir a los servicios sociales para solucionar las necesidades que puedan surgirle a lo largo de su vida. Arri-txu Manterola, jefa de la sección de Atención la a la Discapacidad de la Diputación foral, y el consultor social Fernando Fantova, subrayaron ayer en Donostia el papel «fundamental» de los trabajadores sociales para articular los recursos como «un derecho universal», durante unas jornadas organizadas por la Universidad de Deusto sobre Derechos Humanos y Ley de Dependencia.

Manterola desgranó la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno de Zapatero y admitió dificultades en el servicio. En apenas dos meses, dijo la técnico foral, se recibieron 9.000 solicitudes de valoración de la discapacidad, lo que «colapsó» la administración. Pero hay más problemas. En la actualidad, además del baremo establecido desde Madrid, siguen en vigor otros dos sistemas de valoración, lo que ha dado lugar a «resultados diferentes». Por ejemplo, una persona puede dejar de ser considerada como dependiente en función de si se utiliza una escala u otra. Manterola explicó asimismo que la ley ha primado el nivel de dependencia y los recursos económicos «en detrimento de la valoración social», con lo que se corre el riesgo de «convertirnos en meros gestores», sin contar con otros factores «subjetivos» no recogidos en la ley, como la situación familiar.

Tanto Manterola como Fantova coincidieron en la necesidad de adecuar los contenidos de la norma estatal con los servicios en curso en Euskadi, uno de los objetivos de la futura Ley vasca de Servicios Sociales.