ANÁLISIS
Derecho de ciudadania
Cuando Ezker Batua-Berdeak se incorporó al Gobierno vasco en 2001, dos fueron los objetivos prioritarios que nos marcamos: impulsar la primera Ley de Suelo de nuestra comunidad y promover el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho de ciudadanía. Hoy, la Ley de Suelo es una realidad que contribuirá, sin duda alguna, a garantizar el acceso a una vivienda digna a un mayor número de personas. Y en el medio plazo, los servicios sociales en Euskadi serán un derecho subjetivo exigible ante los tribunales.
Tras estas dos iniciativas hay diálogo, hay acuerdo y hay convicción. El tejido institucional vasco -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- exige tejer una red estable de complicidades, respetuosa con el ámbito competencial vigente, a la que debe sumarse el movimiento asociativo y el llamado tercer sector, cuyas demandas y aspiraciones también deben ser to- madas en consideración. Sólo así se puede afrontar con éxito el reto de elaborar un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
Mentiría si dijera que la negociación ha sido fácil; hemos invertido esfuerzo, tesón y, en ocasiones, hemos llegado a pensar que el acuerdo no sería posible. Pero hemos sido capaces de aparcar las diferencias y primar el bienestar de las personas sobre los intereses particulares, suscribiendo un texto que implica 'de facto' la habilitación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales universal, público, moderno y avanzado, un servicio capaz de dar respuesta a los retos de una comunidad que basa su desarrollo en el respeto a los principios de igualdad y equidad.
Muchas son las novedades del nuevo anteproyecto, y todas ellas merecen una mención especial. He citado la consideración de las prestaciones y servicios como un derecho subjetivo, al que podremos acceder todas las personas con un año de empadronamiento previo en Euskadi. Es una auténtica revolución en el ámbito de los servicios sociales, que se consolidan como el eje central de una política alternativa que aspira a la justicia social. Para ello, es imprescindible que todas las ciudada- nas y ciudadanos recibamos las mismas prestaciones y los mismos servicios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin que nadie quede desatendida o desatendido por razones económicas. «Trabajar desde la esperanza y el idealismo en la vida pública», fue una de las razones por las que Amnistía Internacional concedió a Nelson Mandela el Premio Embajador de la Conciencia. A quienes suscribimos este anteproyecto nos anima el mismo impulso, y lo hacemos, además, desde el consenso, que tantas veces reivindicamos, pero no siempre aplicamos.
Tras estas dos iniciativas hay diálogo, hay acuerdo y hay convicción. El tejido institucional vasco -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- exige tejer una red estable de complicidades, respetuosa con el ámbito competencial vigente, a la que debe sumarse el movimiento asociativo y el llamado tercer sector, cuyas demandas y aspiraciones también deben ser to- madas en consideración. Sólo así se puede afrontar con éxito el reto de elaborar un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
Mentiría si dijera que la negociación ha sido fácil; hemos invertido esfuerzo, tesón y, en ocasiones, hemos llegado a pensar que el acuerdo no sería posible. Pero hemos sido capaces de aparcar las diferencias y primar el bienestar de las personas sobre los intereses particulares, suscribiendo un texto que implica 'de facto' la habilitación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales universal, público, moderno y avanzado, un servicio capaz de dar respuesta a los retos de una comunidad que basa su desarrollo en el respeto a los principios de igualdad y equidad.
Muchas son las novedades del nuevo anteproyecto, y todas ellas merecen una mención especial. He citado la consideración de las prestaciones y servicios como un derecho subjetivo, al que podremos acceder todas las personas con un año de empadronamiento previo en Euskadi. Es una auténtica revolución en el ámbito de los servicios sociales, que se consolidan como el eje central de una política alternativa que aspira a la justicia social. Para ello, es imprescindible que todas las ciudada- nas y ciudadanos recibamos las mismas prestaciones y los mismos servicios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin que nadie quede desatendida o desatendido por razones económicas. «Trabajar desde la esperanza y el idealismo en la vida pública», fue una de las razones por las que Amnistía Internacional concedió a Nelson Mandela el Premio Embajador de la Conciencia. A quienes suscribimos este anteproyecto nos anima el mismo impulso, y lo hacemos, además, desde el consenso, que tantas veces reivindicamos, pero no siempre aplicamos.
