bienestar social
Gipuzkoa empezará a computar el piso en el pago de las residencias de mayores
Las instituciones firmaron ayer el anteproyecto de la Ley vasca de Servicios Sociales
SAN SEBASTIÁN. DV. La vivienda habitual computará para pagar la estancia de los mayores en las residencias públicas de Gipuzkoa, pero únicamente cuando el piso del beneficiario de la plaza supere el valor medio de los inmuebles en Euskadi. Se trata de una de las principales novedades del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, firmado ayer por el Gobierno Vasco, las tres diputaciones y Eudel (la asociación de municipios vascos).
El texto, que establece los pilares de un sistema vasco de servicios sociales, reconoce «el derecho subjetivo» de los ciudadanos vascos a recibir una serie de prestaciones, que serán «comunes» para los tres territorios, entre ellas, las fórmulas para financiar el gasto en los geriátricos, uno de los aspectos que han dificultado el acuerdo debido a la diferencia de criterios entre las diputaciones y el Ejecutivo autonómico.
El objetivo del departamento de Bienestar Social es homogeneizar las ayudas ahora contempladas por las instituciones forales, acabar con las «diferencias territoriales» en esta materia y convertir la ley en el «cuarto pilar del Estado de bienestar», al mismo nivel que la Sanidad, la Educación y el sistema de pensiones, explicó el titular del departamento, Javier Madrazo. Cuando el proyecto cumpla con todos los trámites parlamentarios, los ciudadanos vascos podrán exigir ante los tribunales el acceso a los recursos incluidos en el catálogo de prestaciones sociales (centros de día, ayuda domiciliaria y residencias, entre otros). Será un sistema público, en el que se aplicará la fórmula del copago con criterios de progresividad, es decir, que el usuario pague una parte de los servicios en función de sus bienes.
La foto del acuerdo
Los representantes institucionales escenificaron ayer el acuerdo en Bilbao. La foto fue de unidad. «Ha habido un punto de acuerdo satisfactorio para todos», resumió Madrazo. Pero lo cierto es que la redacción del texto definitivo no ha estado exenta de problemas. La principal discrepancia surgió entre el Ejecutivo autonómico y las diputaciones, especialmente con la de Vizcaya, a la hora de incluir o no el piso del usuario como fórmula para el copago de las residencias.
Las plazas en los geriátricos se cofinancian entre el usuario y la institución correspondiente, en este caso las diputaciones, que son las responsables de poner en práctica los servicios contemplados por la ley. En los tres territorios, los beneficiarios pagan una parte de la tarifa, en función de sus ingresos, y el resto lo completan las diputaciones hasta sufragar el coste real de la plaza. Sin embargo, el sistema de financiación difiere en los tres territorios.
Los usuarios de Vizcaya y Álava asumen una deuda por los servicios prestados, de forma que, cuando mueren, los herederos tienen que hacer frente a la correspondiente cuantía económica con el patrimonio heredado. El piso es uno de los bienes que pueden ser vendidos para afrontar el desembolso. En Gipuzkoa, hasta el momento, no ocurre lo mismo. A la hora de fijar la parte que le corresponde pagar al usuario, la Diputación tiene en cuenta una serie de bienes (rendimientos de trabajo, incluidas las pensiones y otras prestaciones), pero no la vivienda habitual.
Para resolver las diferencias, el Gobierno Vasco ha tirado por el camino del medio: contempla en la ley el reconocimiento de deuda, pero deja exento del cómputo «el valor medio de la vivienda en Euskadi». El texto viene a poner en cuestión los modelos vizcaíno y alavés, pues limita el dinero que puedan recaudar las diputaciones con la venta de la vivienda habitual del usuario y respalda, en parte, la propuesta guipuzcoana. De cara al usuario, los cambios en la práctica dependerán de la cifra que se establezca como valor medio de los inmuebles, un aspecto aún sin concretar por el Gobierno Vasco y que puede hacer resurgir las diferencias entre instituciones competentes. Algunas fuentes consultadas ayer por este periódico cifraban en 300.000 euros el valor medio actual de los pisos en Euskadi, pero lo más probable es que el baremo se adecúe a cada territorio.
«Descentralización»
De momento, y hasta que se despejen todas las incógnitas normativas, las instituciones se felicitaron por el acuerdo ya que supone que «toda persona que viva en Euskadi disponga de los recursos necesarios para atender sus necesidades, independientemente de cuáles sean éstas, dónde viva y cuál sea su poder adquisitivo», dijo Madrazo, quien añadió que «será la ley española sobre servicios sociales más avanzada y permitirá que Euskadi siga siendo una comunidad pionera». El consejero añadió que la ley «apuesta por el funcionamiento descentralizado», de forma que los servicios sean prestados «por las instituciones más cercanas a los ciudadanos».
El texto, que establece los pilares de un sistema vasco de servicios sociales, reconoce «el derecho subjetivo» de los ciudadanos vascos a recibir una serie de prestaciones, que serán «comunes» para los tres territorios, entre ellas, las fórmulas para financiar el gasto en los geriátricos, uno de los aspectos que han dificultado el acuerdo debido a la diferencia de criterios entre las diputaciones y el Ejecutivo autonómico.
El objetivo del departamento de Bienestar Social es homogeneizar las ayudas ahora contempladas por las instituciones forales, acabar con las «diferencias territoriales» en esta materia y convertir la ley en el «cuarto pilar del Estado de bienestar», al mismo nivel que la Sanidad, la Educación y el sistema de pensiones, explicó el titular del departamento, Javier Madrazo. Cuando el proyecto cumpla con todos los trámites parlamentarios, los ciudadanos vascos podrán exigir ante los tribunales el acceso a los recursos incluidos en el catálogo de prestaciones sociales (centros de día, ayuda domiciliaria y residencias, entre otros). Será un sistema público, en el que se aplicará la fórmula del copago con criterios de progresividad, es decir, que el usuario pague una parte de los servicios en función de sus bienes.
La foto del acuerdo
Los representantes institucionales escenificaron ayer el acuerdo en Bilbao. La foto fue de unidad. «Ha habido un punto de acuerdo satisfactorio para todos», resumió Madrazo. Pero lo cierto es que la redacción del texto definitivo no ha estado exenta de problemas. La principal discrepancia surgió entre el Ejecutivo autonómico y las diputaciones, especialmente con la de Vizcaya, a la hora de incluir o no el piso del usuario como fórmula para el copago de las residencias.
Las plazas en los geriátricos se cofinancian entre el usuario y la institución correspondiente, en este caso las diputaciones, que son las responsables de poner en práctica los servicios contemplados por la ley. En los tres territorios, los beneficiarios pagan una parte de la tarifa, en función de sus ingresos, y el resto lo completan las diputaciones hasta sufragar el coste real de la plaza. Sin embargo, el sistema de financiación difiere en los tres territorios.
Los usuarios de Vizcaya y Álava asumen una deuda por los servicios prestados, de forma que, cuando mueren, los herederos tienen que hacer frente a la correspondiente cuantía económica con el patrimonio heredado. El piso es uno de los bienes que pueden ser vendidos para afrontar el desembolso. En Gipuzkoa, hasta el momento, no ocurre lo mismo. A la hora de fijar la parte que le corresponde pagar al usuario, la Diputación tiene en cuenta una serie de bienes (rendimientos de trabajo, incluidas las pensiones y otras prestaciones), pero no la vivienda habitual.
Para resolver las diferencias, el Gobierno Vasco ha tirado por el camino del medio: contempla en la ley el reconocimiento de deuda, pero deja exento del cómputo «el valor medio de la vivienda en Euskadi». El texto viene a poner en cuestión los modelos vizcaíno y alavés, pues limita el dinero que puedan recaudar las diputaciones con la venta de la vivienda habitual del usuario y respalda, en parte, la propuesta guipuzcoana. De cara al usuario, los cambios en la práctica dependerán de la cifra que se establezca como valor medio de los inmuebles, un aspecto aún sin concretar por el Gobierno Vasco y que puede hacer resurgir las diferencias entre instituciones competentes. Algunas fuentes consultadas ayer por este periódico cifraban en 300.000 euros el valor medio actual de los pisos en Euskadi, pero lo más probable es que el baremo se adecúe a cada territorio.
«Descentralización»
De momento, y hasta que se despejen todas las incógnitas normativas, las instituciones se felicitaron por el acuerdo ya que supone que «toda persona que viva en Euskadi disponga de los recursos necesarios para atender sus necesidades, independientemente de cuáles sean éstas, dónde viva y cuál sea su poder adquisitivo», dijo Madrazo, quien añadió que «será la ley española sobre servicios sociales más avanzada y permitirá que Euskadi siga siendo una comunidad pionera». El consejero añadió que la ley «apuesta por el funcionamiento descentralizado», de forma que los servicios sean prestados «por las instituciones más cercanas a los ciudadanos».
