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Adif deja la puerta abierta a la entrada de inversores privados en la 'Y' vasca
Varias empresas recibirían una concesión pública para construir la vía y explotar el servicio
Una excavadora abre paso al TAV en el territorio histórico de Álava.
MADRID. España ha destinado una parte importante de los fondos comunitarios a las líneas de alta velocidad, pero el dinero de la Unión Europea se acaba y las administraciones públicas tendrán que buscar otras vías de financiación para poner en marcha las grandes redes de transporte. Precisamente, Antonio González Marín, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha insinuado esta semana que el capital privado entrará en la denominada 'Y' vasca; y en particular, en el ramal Vitoria-Dax (Francia).
Según han señalado fuentes próximas a este proyecto ferroviario, la obra se llevaría a cabo mediante un sistema de financiación parecido al que se adoptó en la construcción del tramo entre Figueres y Perpignan. Es decir, varias empresas recibirían una concesión para construir la vía y para explotarla durante un periodo de tiempo, cobrando un canon a los operadores ferroviarios por el uso.
Ingente financiación
De momento, la 'Y' vasca está acaparando una ingente financiación pública. El Ministerio de Fomento ha aprobado proyectos por importe de 207 millones de euros en Vizcaya y Álava. Asimismo, el Gobierno Vasco gestionará la cifra récord de 533 millones para los tramos de Gipuzkoa durante 2008.
El Departamento de Transportes adelantará esa cantidad, aunque no incidirá realmente en sus arcas, pues la Administración central reembolsará el dinero, descontándolo en el cálculo del Cupo.
El trazado vasco de alta velocidad no es el único en el puede entrar el capital privado. También están pendientes desarrollarse las líneas Madrid-Valencia y las que terminen de unir la capital de España con Galicia o Portugal.
Desde 1994, España ha recibido 7.350 millones de euros de distintas instancias comunitarias sólo para las obras de la alta velocidad. Los fondos de cohesión o los Feder han financiado el 50% de las conexiones Madrid-Barcelona y Madrid-Segovia-Valladolid. También han sufragado el 41% de la que línea Córdoba-Málaga.
En total, Europa ha pagado el 14% de los 50.658 millones de euros que España ha gastado en alta velocidad hasta ahora. Pero el nuevo escenario financiero es muy diferente.
Para el periodo 2007-2013 están previstas ayudas de sólo 3.500 millones, lo que representa un recorte del 52% respecto a los anteriores doce años. Más adelante, las cantidades seguirán disminuyendo.
20% de fuente privada
Para suplir ese enorme hueco en la cartera, el Ministerio de Fomento está abocada a echar mano de las grandes empresas privadas. Además, las normas europeas son muy estrictas sobre la deuda pública generada por la construcción de trenes, carreteras o aeropuertos.
El Plan Estatal de Infraestructuras del Transporte (PEIT), que incluye obras por valor de 250.000 millones de euros hasta 2020, prevé que el 20% de la financiación provenga de las empresas privadas.
Otro 20%, añade el PEIT, se pagaría entre el Estado y las compañías. Para articular esa colaboración, el Gobierno creó el año pasado la Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seitt S. A.), dedicada hasta ahora casi en exclusiva a la renovación de las autovías de primera generación.
La patronal de las empresas constructoras (Seopan) ha insistido, sin demasiado éxito hasta ahora, en el deseo de las empresas de participar en los grandes proyectos del Ministerio de Fomento. Una alternativa muy rentable y segura para las empresas ahora que el negocio inmobiliario flaquea. COLPISA
Según han señalado fuentes próximas a este proyecto ferroviario, la obra se llevaría a cabo mediante un sistema de financiación parecido al que se adoptó en la construcción del tramo entre Figueres y Perpignan. Es decir, varias empresas recibirían una concesión para construir la vía y para explotarla durante un periodo de tiempo, cobrando un canon a los operadores ferroviarios por el uso.
Ingente financiación
De momento, la 'Y' vasca está acaparando una ingente financiación pública. El Ministerio de Fomento ha aprobado proyectos por importe de 207 millones de euros en Vizcaya y Álava. Asimismo, el Gobierno Vasco gestionará la cifra récord de 533 millones para los tramos de Gipuzkoa durante 2008.
El Departamento de Transportes adelantará esa cantidad, aunque no incidirá realmente en sus arcas, pues la Administración central reembolsará el dinero, descontándolo en el cálculo del Cupo.
El trazado vasco de alta velocidad no es el único en el puede entrar el capital privado. También están pendientes desarrollarse las líneas Madrid-Valencia y las que terminen de unir la capital de España con Galicia o Portugal.
Desde 1994, España ha recibido 7.350 millones de euros de distintas instancias comunitarias sólo para las obras de la alta velocidad. Los fondos de cohesión o los Feder han financiado el 50% de las conexiones Madrid-Barcelona y Madrid-Segovia-Valladolid. También han sufragado el 41% de la que línea Córdoba-Málaga.
En total, Europa ha pagado el 14% de los 50.658 millones de euros que España ha gastado en alta velocidad hasta ahora. Pero el nuevo escenario financiero es muy diferente.
Para el periodo 2007-2013 están previstas ayudas de sólo 3.500 millones, lo que representa un recorte del 52% respecto a los anteriores doce años. Más adelante, las cantidades seguirán disminuyendo.
20% de fuente privada
Para suplir ese enorme hueco en la cartera, el Ministerio de Fomento está abocada a echar mano de las grandes empresas privadas. Además, las normas europeas son muy estrictas sobre la deuda pública generada por la construcción de trenes, carreteras o aeropuertos.
El Plan Estatal de Infraestructuras del Transporte (PEIT), que incluye obras por valor de 250.000 millones de euros hasta 2020, prevé que el 20% de la financiación provenga de las empresas privadas.
Otro 20%, añade el PEIT, se pagaría entre el Estado y las compañías. Para articular esa colaboración, el Gobierno creó el año pasado la Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seitt S. A.), dedicada hasta ahora casi en exclusiva a la renovación de las autovías de primera generación.
La patronal de las empresas constructoras (Seopan) ha insistido, sin demasiado éxito hasta ahora, en el deseo de las empresas de participar en los grandes proyectos del Ministerio de Fomento. Una alternativa muy rentable y segura para las empresas ahora que el negocio inmobiliario flaquea. COLPISA
