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MADRID. La Audiencia Nacional ha condenado por colaboración o pertenencia a organización terrorista a medio centenar de miembros de los grupos que componen, según el juez, el denominado 'frente político y social' de ETA. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que ya está deliberada e incluso firmada por los tres miembros del tribunal, se notificará a los afectados el próximo día 10. Las fuerzas de seguridad practicaron las primeras detenciones de las 46 ordenadas por el juez. Se les impondrá penas que suman un total de 527 años y seis meses de prisión. Fuentes penitenciarias señalaron a última hora de ayer que quince de los arrestados ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real.

Los condenados, 47 de los 52 acusados, son los que la sentencia denomina máximos dirigentes del frente político y de masas (KAS/Ekin), del aparato internacional (Xaki), del frente cultural (el diario Egin) y de la organización creada para fomentar la desobediencia civil (Fundación Josemi Zumalabe). El tribunal, que ha impuesto penas más duras de las solicitadas por la Fiscalía, ha condenado a 33 de los procesados como miembros de organización terrorista, doce de ellos en grado de dirigente, a 14 años por colaboración con ETA.

La mayor condena se ha impuesto a Xabier Alegria, a quien el tribunal considera como el enlace clave entre la dirección de ETA y su frente de masas, que recibe una pena de 18 años de cárcel, 14 como dirigente terrorista y cuatro por alzamiento de bienes en Egin. Junto a él, en el grupo dirigente, se encuentran el abogado Txema Matanzas (14 años), el líder de Ekin Juan María Mendizabal (13), Elena Beloki (12), y el ex director de Egin Xabier Salutregi (12).

Buena parte del resto de los condenados recibirá penas superiores a nueve años de cárcel, por colaboración o integración en ETA. Varios de los procesados en la pieza de Egin también pueden sumar a estos delitos otros de tipo económico, como falsedad contable, insolvencia o fraude a la Seguridad Social. Es el caso de los históricos dirigentes de Batasuna José Luis Elkoro y Pablo Gorostiaga, que han sido condenados a sendas penas de 16 años de prisión.

Los procesados fueron juzgados durante 16 meses -del 21 de noviembre de 2005 al 14 de marzo de 2007- en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo, en el que se convirtió en el juicio más largo y con más procesados de la historia penal española. Su condena, elaborada durante ocho meses por la presidenta del tribunal y ponente, Ángela Murillo, cierra el núcleo duro de la investigación judicial contra el supuesto entorno de ETA, iniciada por el juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina en 1998.

El tribunal, ante el «elevado riesgo de fuga» y la «inminencia» de la notificación de la sentencia, ordenó el jueves por la noche a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza la detención para ingreso en prisión preventiva de 46 de los condenados, todos ellos residentes en localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

La medida preventiva quiere evitar que en este caso ocurra lo mismo que en enero pasado, cuando 19 de los 23 miembros de Jarrai condenados por el Tribunal Supremo como miembros de una organización terrorista se dieron a la fuga nada más conocer el fallo y tuvieron varias semanas en jaque a la fuerzas de seguridad. De hecho, la condena conocida ayer es la segunda dictada contra las organizaciones del entorno de ETA después de la que ilegalizó Jarrai-Haika-Segi y encarceló a sus principales dirigentes. El fallo afianza la doctrina marcada por el Supremo de que no hace falta atentar para pertenecer a una organización terrorista, y marca el sendero para los procesos que restan al considerado como entorno de la ETA.

Los agentes, tras recibir el jueves las órdenes de la Audiencia Nacional, utilizaron las horas nocturnas y la mañana para tratar de localizar a los procesados e iniciaron las detenciones poco después del mediodía de ayer. Al cierre de esta edición habían sido capturados 26 de los condenados, aunque el ministro del Interior restó importancia al dato y aseguró que «las detenciones concluirán en los próximos días».

El tribunal no ordenó el arresto de seis de los procesados: Teresa Mendiburu, Oiakua Azpiri, Marta Pérez, David Soto, Jaime Iribarren y José Ramón Antxia. Según indicaron fuentes judiciales, esta decisión se debe al hecho de que los cinco primeros están absueltos y el sexto, Antxia, recibirá una condena de dos años y seis meses de cárcel.

La amplitud de las condenas hace suponer que la sentencia recogerá la mayor parte de los hechos probados defendidos por la Fiscalía. El Ministerio Público defendió en su informe de conclusiones que las cinco organizaciones enjuiciadas son parte de los diferentes «frentes sociales» de apoyo a la organización. «ETA -dijo- no está conformada sólo por la organización armada sino también por todos los anteriores frentes, controlados por el aparato militar». Su opinión es que se trata de unas estructuras que «camuflan» a la banda bajo «un manto de legalidad» y dificultan la persecución de sus miembros, pero cuyo único fin es «complementar a ETA».

Diferentes funciones

El relato de la acusación sostiene que KAS (por la que están procesados ocho de los acusados) tendría como función, siempre bajo la supervisión de ETA, la «desestabilización social e institucional a través de las organizaciones de masas» y «mantener la cohesión interna de los colectivos de deportados». Según la Fiscalía, Ekin, a la que pertenecerían 16 de los imputados, es la heredera de KAS y como tal se dedicaba a la «aplicación de la estrategia político-militar de ETA». Los militantes de Ekin -sostuvo el fiscal- tenían «el objetivo de hacer sufrir a todos aquellos que no participen de sus reivindicaciones», que son las de la banda terrorista.

El Ministerio Público sostuvo que Xaki, grupo en el que militaban siete de los imputados, tenía como propósito «conseguir los apoyos necesarios en el extranjero, que se habían echado de menos en las negociaciones con el Gobierno de España en 1989». En cuanto a Orain, la editora de Egin y en la que trabajaban trece de los acusados, el fiscal sostuvo en su informe que era el «frente cultural de ETA», «coordinado en torno a un grupo de comunicación y un entramado societario de edición y distribución mediática». Por último, la Fundación Zumalabe, a la que pertenecían nueve de los imputados, tenía como función, según indicó la Fiscalía en su escrito, «difundir la teoría sobre la propuesta desobediente de ETA». Las detenciones fueron respondidas en Bilbao por cientos de personas que se manifestaron y animaron a la sociedad a manifestarse «pueblo a pueblo» y a participar en una manifestación prevista para mañana en la capital vizcaína. COLPISA