diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN. DV. Ezker Batua aseguró ayer que ha alcanzado un acuerdo con la Diputación foral de Gipuzkoa para proponer a las Juntas Generales una reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para establecer un recargo del 150% a las viviendas vacías. Esta medida, similar a la que fue aprobada hace un año en el Parlamento Vasco con la oposición del PNV y el PP, pretende facilitar la colocación de los pisos vacíos en el mercado de alquiler y, en concreto, derivar este tipo de viviendas a los programas de alquiler social.

El acuerdo es uno de los compromisos concretos a los que, según EB, ya ha llegado con la Diputación dentro de las negociaciones para aprobar los Presupuestos forales del próximo año. El pasado miércoles, el portavoz de EB en las Juntas Generales, Mikel Izagirre, anunció que ya se ha llegado a un principio de acuerdo sobre las cuentas guipuzcoanas, aunque indicó que aún quedaban «flecos importantes» por negociar.

En una nueva comparecencia ante los medios de comunicación, Izagirre y su compañera de formación Arantza González señalaron ayer que para alcanzar un pacto definitivo con el Gobierno foral integrado por PNV y EA «todavía quedan temas medioambientales en los que se está en un proceso de fuerte negociación que todavía no están cerrados». Pese a todo, y aunque insistió en que «habrá que esperar a tener el mapa entero», auguró que el acuerdo final podría llegar a mediados de la semana que viene.

Entre los nuevos acuerdos alcanzados, González destacó la adopción de diversas medidas para «la generación de sinergias entre la política fiscal foral y la política de vivienda a escala de Euskadi». En este apartado se sitúa el importante incremento del IBI en las viviendas vacías. La filosofía de esta iniciativa la resumió González al explicar que «los propietarios de viviendas vacías se ven incentivados para transformar un bien improductivo que les genera gastos, en un bien que les proporciona ingresos y al que se le encuentra una utilidad social». Además, añadió, «las personas con necesidades de alojamiento ven ampliada y abaratada la oferta disponible de vivienda de alquiler».

La representante de EB también destacó, entre los acuerdos alcanzados, la adopción de nuevas medidas para luchar contra el fraude fiscal. Para ello, explicó, se plantea incrementar el número de inspectores y subinspectores fiscales. «Estimamos que mediante la lucha contra el fraude en un marco de mejora de la gestión de la política fiscal, podemos aspirar a un incremento del 15% en la recaudación», precisó.

Reforma del IRPF

En materia de política fiscal se abordará además el análisis de la reforma de la norma foral del IRPF en cuanto a la eliminación de las deducciones por adquisición de vivienda para rentas altas. Para EB, esta medida «debe leerse también como contribución al abaratamiento de la vivienda».

Por su parte, Izagirre apuntó que en el ámbito de los servicios sociales se promoverá la creación de un programa piloto que ponga en marcha la figura del asistente personal para las personas en situación de dependencia, con la colaboración de la Iniciativa Social. Asimismo, se ha acordado dar cobertura presupuestaria al incremento y la mejora de la respuesta y el soporte del sistema de servicios sociales (tanto en alternativas residenciales como no residenciales) a las personas que sufren enfermedades mentales.

En cuanto a las cuestiones medioambientales que quedan por cerrar en el acuerdo, Izagirre citó «los bidegorris, las vías verdes, promoción de energías renovables o los residuos». No obstante, precisó que este último «no es el único tema», al tiempo que remarcó que cuestiones como la incineradora de residuos sólidos urbanos o el puerto exterior de Pasajes «no han estado encima de la mesa» porque no se recogen en el proyecto de presupuestos de este año.