Francia cambia su jurisprudencia para extraditar a etarras con delitos antiguos

PARÍS. DV. Con una decisión calificada de histórica por medios judiciales españoles, el Consejo de Estado galo sentó ayer una novedosa jurisprudencia que va a permitir a Francia ampliar las extradiciones de etarras a prácticamente todos los atentados no amnistiados. El trascendental veredicto, que elimina la amenaza de impunidad en causas con más de veinte años de antigüedad, otorga luz verde a la entrega de Joxean Zurutuza Sarasola para ser juzgado por asesinatos cometidos hace más de un cuarto de siglo. La nueva doctrina será aplicable a veteranos activistas, como Soledad Iparragirre, Anboto, o Luis Enrique Garate, Alicia, reclamados por crímenes perpetrados a comienzos de los años ochenta.

La inapelable decisión, epílogo definitivo a casi cuatro años de contencioso, rechaza el recurso de Zurutuza contra el decreto de extradición emitido por el Gobierno francés el 9 de noviembre de 2006. Su ejecución, que ya no se topa con ningún obstáculo jurídico, permitirá que el presunto ex dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas sea juzgado en la Audiencia Nacional por tres crímenes: los asesinatos de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Gipuzkoa; y de su escolta, el policía nacional Antonio Gómez (San Sebastián, 26 de marzo de 1982); y el de José María Félix Latiegui, director de la empresa Moulinex (Usurbil, 14 de abril de 1981).

El máximo tribunal administrativo francés valida las tesis españolas partidarias de aplicar el convenio de Dublín para la extradición entre países de la Unión Europea a reclamaciones rechazadas por la justicia gala al considerarlas prescritas a la luz de su legislación. Ese tratado, en vigor en Francia desde el 1 de julio de 2005, es más favorable a los intereses españoles pues estipula que hay que tener en cuenta las reglas del país que pide la extradición. En la práctica equivale a duplicar el plazo de vigencia penal de los crímenes, de diez años en Francia a veinte en España.

Maratón judicial

El propio Consejo de Estado había negado el 27 de julio de 2005 la extradición de Zurutuza por el caso de Cuesta, padre de la portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Cristina Cuesta, al aplicar la anterior jurisprudencia, ahora obsoleta. El alto tribunal considera que rectificar aquella decisión en virtud del convenio de Dublín no viola el principio de no retroactividad de la ley penal ni la autoridad de la cosa juzgada, como esgrimía el recurrente. Tampoco retiene su condición de ciudadano francés, ya que no tenía esa nacionalidad en el momento de los hechos pues la obtuvo por matrimonio en 1988.

«Es una decisión verdaderamente histórica en la lucha contra ETA por lo que significa de plena colaboración europea a través del convenio de Dublín», valoró el magistrado de enlace con Francia, Manuel García Castellón, satisfecho por el «triunfo total» de las tesis españolas. El veredicto cierra cuatro años de maratón judicial en Francia.

Se calcula que la nueva jurisprudencia afectará a una de cada diez demandas de extradición españolas enviadas a Francia por atentados de ETA. Es el caso del asesinato del cartero Estanislao Galíndez, en Amurrio en 1985, imputado a Anboto. Algo similar ocurre con la demanda reactivada contra Garate Galarza por el asesinato del ertzaina Genaro García de Andoain y el secuestro del industrial Lucio Aguinagalde, en 1986. Nacido hace 46 años en Ibarra, Zurutuza permanece encarcelado en el suroeste de Francia, a partir de ahora a la espera de ser extraditado.