
María Jesús Zapirain, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, organizador del congreso, aseguró que «no existen registros» sobre la magnitud de este problema, y menos en el País Vasco, pero una encuesta realizada por el Consejo General de Enfermería a 600 profesionales de toda España revela que el 33% de ellos ha sufrido algún episodio de violencia en el trabajo, «el 3,7% de las veces, una agresión física». Estos datos que maneja el Consejo General se completarán estos días con la presencia de profesionales que aportarán nuevas realidades e incluso narrarán experiencias personales en este sentido. «Apenas existe información sobre esta cuestión y, por eso, nuestro objetivo es hacer visible que existen muchos casos para intentar ponerles freno y evitar que sigan en aumento», indica Zapirain, quien reconoce que en este momento apenas existen denuncias de los profesionales a no ser que se trate «de casos muy graves».
Según los números arrojados por la encuesta, en el 49% de los casos los responsables de las agresiones son los familiares o acompañantes del paciente, y en más de la mitad de los casos el episodio violento se produce en los servicios de Urgencias hospitalarias. «Le siguen los centros de atención primaria, con un 32% de los casos, y las plantas, con un 15%», desgrana la presidenta del colegio guipuzcoano, quien apuesta por desarrollar «unas políticas globales que establezcan las bases para actuar ante esta nueva lacra social».
Para ella, la raíz de esta violencia contra el personal sanitario es social, «el clima de violencia en el que vivimos». Pero, en el caso sanitario, existen además otras causas específicas derivadas en ocasiones de la tensión que genera una patología médica. La primera de ellas es, según explica Zapirain, «el ingreso de personas con trastorno mental en lugares no adecuados a ese fin».
Impunidad
La segunda, continúa, radica en «el choque de expectativas» que se produce cuando se impone alguna restricción, «como por ejemplo, impedir a un familiar que entre al despertar. Esa prohibición genera a veces nerviosismo». Una tercera razón de estos comportamientos radica en que «las personas que acuden a un centro sanitario creen que tienen derecho a todo y ninguna obligación», explica Zapirain. «Muchos piensan que como pagan la Seguridad Social tienen impunidad». Y el cuarto motivo más común para generar un enfrentamiento de estas características es «un desacuerdo en el diagnóstico, motivado a veces también porque los pacientes y sus familiares ya no acuden al especialista en blanco, sin haber consultado en internet la enfermedad». Esta situación, aclara, no es negativa si «esa información se utiliza como referencia para plantear preguntas o dudas, pero no de forma hostil, ya que como se dice 'no hay enfermedades sino enfermos'».
Para la presidenta del colegio guipuzcoano de enfermería, «se ha perdido el respeto a las personas que te diagnostican. Se ha pasado de ser sumisos y acatar todo lo que decía el personal sanitario a la hostilidad hacia ellos si no se está de acuerdo».
A pesar del importante incremento de casos, Zapirain asegura que todavía las víctimas, principalmente las de agresiones verbales, «afrontan en solitario la situación, tienen miedo a poner denuncias», lo que deriva muchos casos en bajas laborales por «ansiedad, temor a acudir al puesto de trabajo, miedo a ser perseguido ».
Para la responsable del colegio, este problema «emergente» debe ser afrontado con medidas colectivas que deben ser puestas en marcha tanto por la Administración, como por los responsables de los centros sanitarios y los propios profesionales. A ellos, concretamente a las enfermeras, «nosotros estamos dándoles formación para que puedan identificar situaciones de riesgo y sepan actuar ante ellas». Pero además, «hay que reivindicar medidas fiscales, que se habiliten protocolos de actuación, judicialmente que estos casos se consideren delitos y no faltas y que dichas medidas sean aplicadas no sólo en beneficio de los profesionales de la sanidad pública, sino también en la privada».
«La violencia no está justificada en ningún caso, tampoco en la Sanidad, porque su personal no puede ser parapeto de las desavenencias de los pacientes», recuerda Zapirain, quien confía en que las jornadas sirvan para «crear opinión» sobre este tema que, según considera, «está comenzando a generar alarma y preocupación entre los profesionales del sector».






