La Ley Integral de Género, aprobada el pasado mes de marzo, permite a las personas transexuales cambiar de de nombre y sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de someterse a una operación genital y sin procedimiento judicial. Andrea Muñiz criticaba ayer que las operaciones de cambio de sexo no estén siendo sufragadas por la Seguridad Social en todo el Estado. «Esa posibilidad se ha dejado como una competencia territorial», dijo.
La primera transexual guipuzcoana con cambio legal de sexo criticó además que «la ley de maltrato de género no incluya a las personas transexuales». Pasando a su caso concreto, criticó al Ayuntamiento de San Sebastián por no poner a su disposición un piso en calidad de «persona maltratada». «Yo vengo sufriendo un caso de maltrato psíquico en el ambiente familiar», dijo. «Pero no he podido denunciarlo como violencia de género por no tener un DNI de mujer». Aclaró que la persona a la que desea denunciar no es su pareja, «pero sí una persona de mi entorno familiar».
Andrea Muñiz ha denunciado algunas humillaciones sufridas al tener que presentar una documentación que no concordaba con su identidad sexual. Alguna de ellas se produjo ante el pasaje de un avión. Con su nuevo DNI no encontraba motivos de alegría. «No me llega para un avión, sino sólo para abrir una cuenta con el dinero de mis clientes. Me van a obligar a ejercer la prostitución porque no encuentro ningún apoyo social». Las puertas de los trabajos se le cierran. «Las empresas deberían dejar de tener prejuicios a la hora de contratar a las personas transexuales. Y los problemas crecen si eres una persona conocida, como es mi caso».
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