ECONOMÍA
Los contribuyentes aseguran que Bravo pedía dinero en metálico para saldar las deudas
Cuatro personas declararon ayer en el juzgado que negociaron los pagos directamente con el director de la oficina de Hacienda de Irun. Los testigos creían que su dinero ingresaba en las arcas públicas
Jesús Urraza, abogado de José María Bravo, abre la puerta del juzgado de Irun al letrado de la Diputación, José Ricardo Palacio. [DE LA HERA]
SAN SEBASTIÁN. DV. Cuatro de los contribuyentes que negociaron con José María Bravo el pago de sus deudas personales con la Hacienda guipuzcoana manifestaron que el ex director de la delegación tributaria de Irun y presunto cerebro del fraude descubierto les exigió la entrega de dinero en metálico. Los testigos manifestaron ayer ante la juez que instruye el caso que actuaron en la creencia de que todas las operaciones que realizaron se ajustaban a la legalidad y que las sumas que aportaban iban a ingresar en las arcas públicas. Tras hacer efectivas las cantidades, las deudas eran dadas de baja, bien por insolvencia o prescripción.
Las declaraciones por el presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun se reanudaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad fronteriza con las manifestaciones de cuatro de los más de cincuenta contribuyentes que, supuestamente, entregaron a José María Bravo diversas sumas de dinero para saldar las deudas que habían contraído con el erario público.
La primera de las personas en testificar fue un hostelero hondarribiarra, P.J.L.O., cuya deuda con Hacienda ascendió a 192.000 euros, de los que 166.267 abonó en metálico a José María Bravo. De acuerdo con la documentación que obra en las actuaciones judiciales, dicha cantidad nunca fue ingresada en las arcas forales.
El testigo, en su comparecencia de ayer, se ratificó en la declaración que ya prestó en octubre del pasado año en las dependencias de la comisaría de la Ertzaintza de Irun, dentro de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía. El hostelero dijo que sus deudas con Hacienda eran por «diversos conceptos». Manifestó que en 1993 acudía personalmente a la delegación irunesa, donde pagaba en metálico. Recordó que en años posteriores convino con José María Bravo que abonaría, en uno o varios pagos, una cantidad fija anual de tres millones de pesetas. No obstante, precisó que en 2000 dicha suma aumentó hasta los cinco millones.
El testigo explicó ante los ertzainas que en el transcurso de una reunión con Bravo en el año 2002, el imputado le hizo saber que la deuda que en aquel momento tenía con el fisco ascendía a 16 millones de pesetas, al tiempo que le transmitió que «tenía capacidad para aminorar la deuda». De esta forma, Bravo y el testigo acordaron satisfacer tan sólo el 60% de lo que debía.
«Grano en el desierto»
El empresario hostelero indicó que todos los pagos a Bravo se realizaron en metálico, en la delegación de Hacienda y dentro del horario de atención al público. Señaló asimismo ante la Ertzaintza que tenía plena confianza en José María Bravo, hasta el punto de que en 2004 decidió cambiar de asesoría y dejar que todas las gestiones las realizara Urdanibia, donde trabajaba Bravo.
Dentro de las diligencias practicadas ayer testificó también un consultor de seguros, J.A.A.I., quien en 2003 debía 104.000 euros al fisco. Manifestó que con el deseo de alcanzar una solución puso el caso en manos de un asesor fiscal de Donostia. Indicó que el experto emprendió la vía judicial, ante el Contencioso, si bien relató que los tribunales desestimaron sus pretensiones. Así, el contribuyente, desoyendo la recomendación del asesor que abogaba por recurrir a una instancia superior, dio instrucciones para que negociara directamente con Hacienda y llegara a algún acuerdo. De esta manera, el financiero contactó con la oficina de Irun y negoció el pago 67.800 euros a condición de saldar la totalidad de la deuda. El abono se hizo de manera fraccionada, en dos pagos, uno por un importe de 24.000 euros y otro por 43.800. En el momento de la entrega de la segunda cantidad a José María Bravo, el contribuyente estuvo presente en la oficina de de Irun.
Dos años más tarde, sin embargo, cuando el testigo fue a cambiar de entidad un préstamo hipotecario, descubrió que Hacienda había embargado su piso. Ante este descubrimiento, informó del hecho al asesor y se dirigió a la sede central de Hacienda, donde se entrevistó con el diputado foral del ramo, Juan José Mujika. Éste le pidió que le hiciera llegar la documentación que poseía sobre el caso y tras verificar los hechos le manifestó: «Esto es un grano dentro del desierto». Asimismo, Mujika le agradeció su colaboración.
Asesoría
Este contribuyente, no fue, sin embargo, el único que dejó en manos de asesores fiscales el pago de sus deudas. J.R.S., de Irun, admitió ayer en el juzgado que en 2003 debía al erario público 70.976 euros. Manifestó que cuando se lo comunicaron se dirigió a la oficina de Hacienda de Donostia, donde se recomendaron que contactara con una asesoría. Así lo hizo. El experto que llevó a cabo los trámites del contribuyente negoció con la delegación de Irun el pago de 55.000 euros en vez de los 70.000. Las entregas se efectuaron en dos parte, de 20.000 y 35.000 euros.
El cuarto de los contribuyentes en testificar ayer, P.C.B., admitió que en 1997 debía unos tres millones de pesetas. Indicó que, con el propósito de liquidarla la deuda, acudió a la oficina de Hacienda de Irun y que una vez allí se entrevistó con Bravo, con quien llegó al acuerdo de pagar el 60% del total en tres plazos mensuales de 600.000 pesetas. Manifestó que los pagos se hacían dentro del horario de oficina. Este contribuyente manifestó en su declaración ante la Ertzaintza que Bravo le advirtió de que se cuidara de no tener ningún dinero a cuenta ni posesiones a su nombre, «ya que Hacienda rastrearía periódicamente sus bienes».
Las declaraciones por el presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun se reanudaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad fronteriza con las manifestaciones de cuatro de los más de cincuenta contribuyentes que, supuestamente, entregaron a José María Bravo diversas sumas de dinero para saldar las deudas que habían contraído con el erario público.
La primera de las personas en testificar fue un hostelero hondarribiarra, P.J.L.O., cuya deuda con Hacienda ascendió a 192.000 euros, de los que 166.267 abonó en metálico a José María Bravo. De acuerdo con la documentación que obra en las actuaciones judiciales, dicha cantidad nunca fue ingresada en las arcas forales.
El testigo, en su comparecencia de ayer, se ratificó en la declaración que ya prestó en octubre del pasado año en las dependencias de la comisaría de la Ertzaintza de Irun, dentro de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía. El hostelero dijo que sus deudas con Hacienda eran por «diversos conceptos». Manifestó que en 1993 acudía personalmente a la delegación irunesa, donde pagaba en metálico. Recordó que en años posteriores convino con José María Bravo que abonaría, en uno o varios pagos, una cantidad fija anual de tres millones de pesetas. No obstante, precisó que en 2000 dicha suma aumentó hasta los cinco millones.
El testigo explicó ante los ertzainas que en el transcurso de una reunión con Bravo en el año 2002, el imputado le hizo saber que la deuda que en aquel momento tenía con el fisco ascendía a 16 millones de pesetas, al tiempo que le transmitió que «tenía capacidad para aminorar la deuda». De esta forma, Bravo y el testigo acordaron satisfacer tan sólo el 60% de lo que debía.
«Grano en el desierto»
El empresario hostelero indicó que todos los pagos a Bravo se realizaron en metálico, en la delegación de Hacienda y dentro del horario de atención al público. Señaló asimismo ante la Ertzaintza que tenía plena confianza en José María Bravo, hasta el punto de que en 2004 decidió cambiar de asesoría y dejar que todas las gestiones las realizara Urdanibia, donde trabajaba Bravo.
Dentro de las diligencias practicadas ayer testificó también un consultor de seguros, J.A.A.I., quien en 2003 debía 104.000 euros al fisco. Manifestó que con el deseo de alcanzar una solución puso el caso en manos de un asesor fiscal de Donostia. Indicó que el experto emprendió la vía judicial, ante el Contencioso, si bien relató que los tribunales desestimaron sus pretensiones. Así, el contribuyente, desoyendo la recomendación del asesor que abogaba por recurrir a una instancia superior, dio instrucciones para que negociara directamente con Hacienda y llegara a algún acuerdo. De esta manera, el financiero contactó con la oficina de Irun y negoció el pago 67.800 euros a condición de saldar la totalidad de la deuda. El abono se hizo de manera fraccionada, en dos pagos, uno por un importe de 24.000 euros y otro por 43.800. En el momento de la entrega de la segunda cantidad a José María Bravo, el contribuyente estuvo presente en la oficina de de Irun.
Dos años más tarde, sin embargo, cuando el testigo fue a cambiar de entidad un préstamo hipotecario, descubrió que Hacienda había embargado su piso. Ante este descubrimiento, informó del hecho al asesor y se dirigió a la sede central de Hacienda, donde se entrevistó con el diputado foral del ramo, Juan José Mujika. Éste le pidió que le hiciera llegar la documentación que poseía sobre el caso y tras verificar los hechos le manifestó: «Esto es un grano dentro del desierto». Asimismo, Mujika le agradeció su colaboración.
Asesoría
Este contribuyente, no fue, sin embargo, el único que dejó en manos de asesores fiscales el pago de sus deudas. J.R.S., de Irun, admitió ayer en el juzgado que en 2003 debía al erario público 70.976 euros. Manifestó que cuando se lo comunicaron se dirigió a la oficina de Hacienda de Donostia, donde se recomendaron que contactara con una asesoría. Así lo hizo. El experto que llevó a cabo los trámites del contribuyente negoció con la delegación de Irun el pago de 55.000 euros en vez de los 70.000. Las entregas se efectuaron en dos parte, de 20.000 y 35.000 euros.
El cuarto de los contribuyentes en testificar ayer, P.C.B., admitió que en 1997 debía unos tres millones de pesetas. Indicó que, con el propósito de liquidarla la deuda, acudió a la oficina de Hacienda de Irun y que una vez allí se entrevistó con Bravo, con quien llegó al acuerdo de pagar el 60% del total en tres plazos mensuales de 600.000 pesetas. Manifestó que los pagos se hacían dentro del horario de oficina. Este contribuyente manifestó en su declaración ante la Ertzaintza que Bravo le advirtió de que se cuidara de no tener ningún dinero a cuenta ni posesiones a su nombre, «ya que Hacienda rastrearía periódicamente sus bienes».
