Las ayudas directas, como los 210 euros prometidos por el Ejecutivo central, no tienen cabida en las políticas de vivienda que está desarrollando el departamento de Javier Madrazo. Una de las experiencias en materia de alquiler es el programa Bizigune, «en el que la Administración ejerce de intermediario en todos los aspectos de la gestión de contratos». Este programa consiste en que una persona propietaria de una vivienda vacía pone dicha vivienda a disposición de Visesa (una sociedad pública del Gobierno Vasco) a cambio de una renta mensual a precio de mercado. Visesa garantiza al titular de la vivienda el pago puntual de la renta. A su vez, la sociedad pública pone ese piso a disposición de una persona inscrita en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, que abonará un alquiler proporcional a sus ingresos. La diferencia entre la renta que Visesa paga al propietario y la que cobra al inquilino es cubierta por el Gobierno Vasco.
El viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, recuerda que cerca de la mitad de la VPO nueva que se construye en el País Vasco se dedica al alquiler a unos precios reducidos, de unos 250 euros mensuales, «por lo que no hay ayudas, sino que simplemente el alquiler está dos o tres veces más bajo que el precio de mercado».