
Opina que la propuesta de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, va en ese camino, aunque también comprende la desconfianza que ha suscitado en el Gobierno Vasco. «Es totalmente cierto que los precios de las viviendas pueden subir con esta medida. Esta norma puede hacer que la especulación aumente». Para que esto no ocurra, Aitor apuesta firmemente por que se dé una regulación en el sector inmobiliario. «Una intervención del Estado puede resultar una medida muy impopular pero no debemos olvidar que el derecho a una vivienda está recogido en la Constitución y no todos pueden acceder a un piso», afirma. Por otra parte, aunque él no pueda acogerse a la medida en el caso de que entrara en vigor en el País Vasco porque supera los 22.000 euros brutos anuales, cree que este baremo se debería regular en función de cada territorio. «A día de hoy no es lo mismo vivir aquí que en Badajoz, eso es así y se debería tener en cuenta», afirma.
Solo o en pareja
Jone M. García es vecina de Errenteria y, a diferencia de Aitor, vive sola en un apartamento en el centro. Paga de alquiler cerca de 550 euros y reconoce que le cuesta llegar a fin de mes. «Si se hace cuesta arriba cuando te independizas con tu pareja, hacerlo sola puede resultar toda una aventura». No alcanza los 22.000 euros brutos anuales que el Gobierno socialista ha impuesto como tope para acceder a la ayuda de 210 euros al mes. «Es una lástima que el Ejecutivo vasco no tome ejemplo, la verdad es que ese dinerito me vendría de maravilla para los gastos de la casa», afirma. Jone confiesa que le encantaría tener un piso en propiedad, pero también reconoce que «a día de hoy es una utopía». Cree que aunque es cierto que los precios de los alquileres con esta medida pueden aumentar, se pueden controlar a través de leyes. «La negativa del Gobierno Vasco me suena un poquito a excusa, porque se puede regular que los caseros no se excedan en los alquileres».
Jone tiene 27 años y cree que como ella un gran grupo de personas se beneficiarían de estas ayudas. «Somos muchos mileuristas en Euskadi». La única pega que le encuentra a la norma es que considera que habría que aumentar el límite de edad. «Hoy en día muchos jóvenes amplían sus estudios con posgrados o estancias en el extranjero, con lo que no se inician en la vida laboral hasta casi los 27 años, por tanto habría que ampliar unos añitos el límite de los 30».





