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Quince meses depués de que se produjeran las intervenciones de Fórum Filatélico y Afinsa, el caso sigue envuelto en una amalgama de recursos, acusaciones veladas de corrupción, agujeros patrimoniales y ataques al Estado por supuesta falta de supervisión. En medio, se encuentran 459.000 afectados que aseguran sentirse «impotentes» ya que desconocen si algún día recuperarán su dinero. Sin embargo, Juan Pablo Díaz, está convencido de que «existen vías para optimizar la recuperación del dinero». Su despacho, Aderta Abogados, representa a 15.000 perjudicados de Fórum Filatélico procedentes de asociaciones de diversas comunidades, entre ellas el País Vasco. «Las posibilidades de que se declare a la Administración responsable son bastante altas», apunta Juan Pablo Díaz, en relación a la posible falta de supervisión del Estado sobre las actividades de Fórum y Afinsa.



- Han pasado quince meses desde las intervenciones de Fórum y Afinsa. ¿Los afectados tienen motivos para ser más optimistas o para estar más desesperados?

- Los procedimientos judiciales siguen su curso, y en cierto sentido es lógico que un asunto de esta magnitud requiera un tiempo prolongado para su tramitación. En este sentido, a los perjudicados no les queda más que ser pacientes. Pero lo que también es cierto, es que hasta la fecha no se ha conseguido aportar ninguna claridad sobre lo ocurrido. Siguen enfrentándose posiciones que únicamente responden a apreciaciones subjetivas que sólo pueden conducir a la perplejidad y, por lo tanto, a la desesperación.

- ¿Las posibilidades de recuperar su dinero se reducen a medida que los administradores concursales dicen que el 'agujero' patrimonial de ambas empresas se amplía?

- El llamado agujero patrimonial no se agranda con el tiempo, es el mismo que era y con la adecuada gestión del patrimonio de las sociedades debería mantenerse, si no reducirse. La cuestión es que se sigue sin tener certeza del importe de dicho agujero por la subjetividad de algunas valoraciones, la imprecisión de otras...

- ¿Cuál es el estado de ánimo de los afectados que representa?

- Lo que sí parece muy común entre nuestros representados es la sensación de impotencia y desamparo, pues no acaban de entender lo sucedido y nadie les ofrece soluciones, ni tan siquiera en términos de meras perspectivas. Todas las partes se dedican a echar balones fuera.

- ¿Qué les dice en base a su experiencia?

- La verdad es que, a la vista del transcurso de este proceso, difícilmente se pueden trasladar experiencias previas a este asunto. El volumen -económico y de número de afectados- es tan grande, y las implicaciones son tan amplias -no sólo de los administradores de la sociedad, sino que hay muchas Administraciones Públicas cuya responsabilidad se está tratando de dirimir en los tribunales de Justicia- que se trata de un caso único en el que se mezclan infinidad de intereses, y por tanto impredecible con un mínimo grado de certidumbre.

- ¿Cuál es el escenario actual? ¿En qué está trabajando ahora mismo su despacho?

- Desde el punto de vista jurídico se encuentran abiertas tres vías. La penal, que se sigue en la Audiencia Nacional, sigue su curso de instrucción para tratar de determinar la responsabilidad de quienes hubieran causado el perjuicio. En segundo lugar, hablaríamos de la vía concursal, que trata de ordenar el patrimonio -activos y pasivos- de la sociedad para su ordenada distribución, salvo que se apreciara la posibilidad de que los activos continuaran afectos a una actividad que permitiera -en cierto plazo- ir atendiendo a las deudas. En tercer lugar, se encuentra la vía de responsabilidad patrimonial de la Administración -aún en fase administrativa-, donde se trata de dilucidar si la acción u omisión de algún órgano de la administración pública -en ejercicio de sus funciones- contribuyó a la causación del perjuicio económico que, indudablemente, han sufrido los perjudicados.

- ¿Los recursos están sobre la mesa?

- A día de hoy se han interpuesto todos los recursos pertinentes y estamos a la espera de los pronunciamientos correspondientes. Mientras, no podemos estar parados. Y una de las áreas en la que más estamos trabajando es en la búsqueda de las soluciones económicas viables y más convenientes para todos los perjudicados. Como se ha dicho, el proceso concursal puede terminar con la liquidación, y en tal caso conviene que ésta se haga de la mejor manera -con una adecuada valoración y eficiente liquidación de los activos-, pero además existen alternativas a esta liquidación cuya viabilidad económica estamos estudiando. Evidentemente es algo muy complejo, y por su cuantía resulta extremadamente ambicioso, pero no podemos dejar de intentarlo. Además, creemos sinceramente en la existencia de vías que optimicen la recuperación del dinero de los perjudicados, para lo que estamos buscando los apoyos necesarios.

- Parece que el informe concursal no ha gustado. Los administradores valoran que los activos de la filatélica sólo cubren un 10% de sus compromisos.

- En el caso de Fórum no exactamente. Según el informe de la Administración Concursal, el valor del activo de Fórum cubre el 24,5% de su pasivo. Ahora bien, por definición en toda valoración existe cierto margen de subjetividad, lo que resulta llamativo en este caso por el gran peso de los 'valores filatélicos' en la composición de dicho activo. Lo que nos parece es que el método aplicado para dicha valoración es excesivamente estimativo y matematizado. Entendemos que ha debido ser una labor excelsa por la existencia de millones de sellos, pero no comprendemos que se reconozca en el propio informe que hay cajas que ni tan siquiera se han abierto sino que se ha extrapolado su contenido de promedios. Y, en todo caso, lo que sí parece claro -también lo reconoce la Administración Concursal- es que la situación actual y el volumen tan grande de sello afecta también al precio de realización, por lo que en este punto parece más conveniente desarrollar un plan de 'reconstrucción del mercado internacional' y de puesta en valor de estos activos con una perspectiva de medio-largo plazo.

- ¿Su despacho también trabaja en la presentación de las impugnaciones particulares al informe concursal?

- Sí, ese plazo ya concluyó y nuestro despacho presentó en su momento las impugnaciones que quisieron los clientes, una vez informados de las circunstancias en que se venía desarrollando el proceso y los riesgos económicos -posible imposición en costas- que podría suponer.

- Parece que las impugnaciones retrasarán la solución concursal un año. ¿Y mientras?

- Trabajamos en la solución económica y estamos al tanto de los datos e informes que siguen apareciendo. Por ejemplo, recientemente la CNMV ha emitido un nuevo informe jurídico bastante bien fundado, en el que trata de eludir su responsabilidad sobre el argumento de que la actividad de Fórum y Afinsa no era de naturaleza financiera sino mercantil, y por tanto no le competía su supervisión. Lo relevante es que no se limita a una mera cuestión formal -de competencia supervisora- sino que para ello entra al fondo de la calificación del negocio jurídico que se desarrollaba, y concluye con firmeza -como lo hacen tantísimos juristas- que se trataba de una actividad de carácter mercantil. La cuestión es que «la justificación» de la intervención era precisamente que se trataba de negocios financieros. Y así, como ya decía antes, seguimos -o incluso avanzamos- en el desconcierto más absoluto, pues siguen arrojándose dudas incluso sobre la propia existencia del problema que originó la intervención.

- ¿El Estado, y no los responsables de las empresas, tiene la culpa en este asunto por su falta de desarrollo legislativo y de supervisión?

- Respecto de la falta de desarrollo legislativo o supervisión, conviene aclarar que los abogados no estamos diciendo que nadie tenga culpa sino que existe responsabilidad. Y este matiz jurídico es importante, pues en el caso de las administraciones puede que exista responsabilidad aunque no se haya actuado incorrecta o negligentemente, basta con que el hecho de no haber legislado, no haber supervisado o haber intervenido innecesaria o desproporcionadamente hayan causado un perjuicio económico, y esto es lo que se reclama en la vía administrativa.

- ¿Qué posibilidades tienen los 15.000 afectados para que recuperen su inversión ? ¿Por qué el resto de perjudicados no ha optado por esta vía?

- Creemos honestamente que las posibilidades de declaración de responsabilidad de la Administración son bastante altas, a la vista de la legislación y la jurisprudencia actuales. Sin embargo, la experiencia también demuestra que la dilatación de los plazos y la acumulación de instancias hace desesperante el camino e injusta la solución, aunque resultara favorable. En cuanto a los afectados que no han acudido a esta vía, no podemos sino entender que están obstinados, o, lo que es peor, mal asesorados. Su argumentación es que la «culpa» es de los directivos de la empresa y no del Estado. Sin embargo, ya explicamos que la reclamación de la responsabilidad a la Administración no se fundamenta necesariamente en su culpa sino en un perjuicio objetivo derivado del funcionamiento «normal o anormal» de algún órgano de la administración. En este caso, posiblemente de varios.



«En este caso ha habido un cúmulo de intereses económicos y políticos»



- Un año después de la intervención, los afectados se han unido en plataformas diferentes, las asociaciones de consumidores se han acusado unas a otras, Ausbanc ha recibido acusaciones de colaborar con Afinsa y Fórum. Parece que el tema se ha enturbiado demasiado. Y, en medio, vuelven a estar los afectados.

- Esta es una de las consecuencias del cúmulo de intereses económicos y hasta políticos que se mezclan en un asunto de estas proporciones. Por nuestra parte, el objetivo exclusivo -para eso creemos que fuimos contratados- es que nuestros clientes recuperen lo antes posible la mayor proporción de sus ahorros, y en ese sentido no hemos dejado, ni pensamos dejar de hacerlo, de hablar con todas las partes y proponer las colaboraciones que sean necesarias con todas ellas.

- Aún se discute la base de este asunto. ¿Fórum y Afinsa tenían una actividad financiera?

- Podría ser: captaban fondos reembolsables del público y se comprometían a devolverlos a un tipo de interés garantizado. En ese caso, el sistema de supervisión financiera ha fallado. Otros en cambio no comparten esta opinión. La posición de la CNMV reiterada -y desarrollada- recientemente y a la que me he referido incide en este debate y en la incertidumbre que sigue recayendo sobre sus conclusiones. Y nos tememos que veremos más informes contradictorios de expertos juristas, del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones... La cuestión clave, dadas estas «dudas razonables», es si es aceptable la toma de una decisión -la intervención- de consecuencias tan graves sobre una base cuanto menos discutible.

- ¿Qué opina de los créditos ICO a interés cero destinados a los afectados por la presunta estafa?

- Además de haberse retrasado demasiado, si lo que pretenden es paliar las situaciones más graves, por sus limitaciones parecen solamente un parche. Desde luego que es mejor que nada, pero no sabemos si los costes financieros y de gestión de esta medida no podrían haberse utilizado para otras soluciones de mayor alcance y de carácter definitivo...