Politica
Ibarretxe fijará en septiembre su posición sobre la consulta tras pactarla con PNV, EA y EB
Los tres partidos intentarán buscar una fórmula acordada en las próximas semanas. Madrazo afirma que el referéndum debería incluir también un rechazo de la violencia.
Joseba Azkarraga, Juan José Ibarretxe y Javier Madrazo, durante una reunión del consejo político del Gobierno Vasco. [TXABARRI]
SAN SEBASTIÁN. DV. El lehendakari Juan José Ibarretxe tiene la intención de fijar en el pleno de política general de septiembre una posición definitiva sobre la convocatoria de una consulta popular en esta legislatura tras acordarla en las próximas semanas con las direcciones del PNV, de EA y de Ezker Batua. El pacto sobre este asunto en el tripartito es necesario para zanjar además la proyección de divergencias políticas en el Gobierno Vasco sobre una cuestión de extraordinaria importancia política que coincide además con el proceso de renovación interna del EBB del PNV y con el debate interno abierto en su seno sobre las condiciones en las que podría ser inconveniente la pretendida consulta. Hasta el momento, las ejecutivas de los partidos se han limitado a explici- tar sus posiciones de partida.
El coordinador general de Ezker Batua y consejero de Vivienda, Javier Madrazo, sugirió ayer que el próximo mes será determinante para que, en el pleno de política general que tendrá lugar el último viernes de septiembre, el discurso del lehendakari Ibarretxe clarifique «una hoja de ruta» sobre la reivindicación del derecho de decisión y sobre la estrategia de normalización y de pacificación. De la síntesis de los planteamientos entre las tres fuerzas políticas surgirá una posición común que, según los medios consultados, será la clave de bóveda de la estrategia del Ejecutivo autónomo hasta el final de la legislatura.
Hasta ahora, una de las mayores dificultades estriba precisamente en fijar las condiciones con las que podría llevar a cabo el reconocimiento del derecho de decisión, que PSE y PNV interpretan como una fórmula encubierta de la autodeterminación que desborda el marco constitucional y va más lejos de una reforma pactada del Estatuto de Gernika. Hasta el momento, la condición sobre la ausencia de violencia se había planteado desde un principio como el escenario en el que debía llevarse a cabo un referéndum de esta naturaleza que no tendría validez jurídica pero que puede tener, según sus defensores al menos, importantes efectos políticos en el País Vasco. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, señaló en un artículo de opinión a comienzo de julio que un referéndum, planteado sin consenso previo como una mera acumulación de fuerzas, podría alimentar la estrategia de ETA después de la ruptura del alto el fuego.
Ibarretxe se plantea incluir en esta consulta un reconocimiento sobre el derecho de decisión y podría también hacer referencia a la apuesta por el final de la violencia mediante un pronunciamiento claro contra ETA. Ésta es, al menos, la posición de Madrazo, que quitó dramatismo al primer asunto y consideró que «no debería ser motivo de escándalo el que hablemos de una consulta para que la sociedad vasca se pronuncie sobre las reformas del Estatuto para avanzar hacia la consecución de la normalización política». «Debería ser un hecho normal», aseguró, lo extraño es que genere tanto revuelo y tanta polémica». En este sentido señaló «entender en cierta manera que el PP dé la espalda a la posible consulta», pero expresó su extrañeza por la actitud del PSOE, que, a su juicio, «debería ser un agente impulsor de la consulta».
«Dificultad añadida»
Para Madrazo, impulsar iniciativas políticas «es ir directamente contra la línea de flotación de la propia estrategia de ETA y es demostrarle que la violencia no es necesaria para resolver nuestros problemas, sino todo lo contrario, es un estorbo, es una dificultad añadida que además de causar daños personales y atacar directamente a los derechos humanos, lo que hace es impedir la resolución de esos problemas políticos».
«De manera que mientras ETA siga actuando, la consulta, además de abordar la cuestión del derecho de decisión, debe poder plantear a la sociedad vasca un pronunciamiento claro en contra de la violencia», remarcó el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales. De este modo, explicó que en un contexto de tregua sería «suficiente» plantear la cuestión pendiente a la normalización y al derecho a decidir», por lo que consideró necesario que la sociedad vasca aproveche esa consulta para expresarse en contra de la violencia «para que la organización armada no quiera utilizar esa consulta en beneficio propio y no quiera manipularla».
Con anterioridad al pleno del Parlamento, responsables de las tres formaciones del Gobierno Vasco intentarán acordar una posición sobre las condiciones de la consulta. Imaz ha recalcado como requisito la ausencia de violencia y ha recordado que se trata de una de las condiciones establecidas tanto en el documento sobre pacificación y normalización aprobado por unanimidad por el EBB de su partido en octubre del pasado año como en el programa de gobierno de coalición del tripartito.
Esta condición -la ausencia de violencia- empieza a generar fricciones en el seno de la alianza que sostiene al Gobierno Vasco y comienza a provocar un debate de calado en el mundo nacionalista. En alusión a esta espinosa cuestión, Madrazo recordó ayer que ETA «no puede marcar la agenda política de Euskadi» e insistió en que se tienen que proponer propuestas para que la política no quede paralizada en Euskadi. A su juicio, impulsar iniciativas políticas «es ir directamente contra la línea de flotación de la propia estrategia de ETA».
Para Madrazo, ETA «sigue empeñada en dar la espalda a la sociedad vasca y no atender su voluntad». En opinión del consejero, «lo lamentable es que Batasuna sigue actuando bajo la tutela de la dirección de ETA, que es la que decide y marca el futuro del llamado MLNV».
El programa de gobierno entre el PNV, EA y EB reconoce que la convocatoria de una consulta popular está condicionada a la consecución de un acuerdo político previo que debe ser refrendado por la ciudadanía, y que tiene que darse en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones.
El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, opina también que la consulta popular debería llevarse a cabo en la actual legislatura ya que, a su juicio, «ETA no puede ser usada como excusa para impedirla». En opinión del líder jeltzale guipuzcoano, esta consulta «puede ser una línea de desbloqueo».
El coordinador general de Ezker Batua y consejero de Vivienda, Javier Madrazo, sugirió ayer que el próximo mes será determinante para que, en el pleno de política general que tendrá lugar el último viernes de septiembre, el discurso del lehendakari Ibarretxe clarifique «una hoja de ruta» sobre la reivindicación del derecho de decisión y sobre la estrategia de normalización y de pacificación. De la síntesis de los planteamientos entre las tres fuerzas políticas surgirá una posición común que, según los medios consultados, será la clave de bóveda de la estrategia del Ejecutivo autónomo hasta el final de la legislatura.
Hasta ahora, una de las mayores dificultades estriba precisamente en fijar las condiciones con las que podría llevar a cabo el reconocimiento del derecho de decisión, que PSE y PNV interpretan como una fórmula encubierta de la autodeterminación que desborda el marco constitucional y va más lejos de una reforma pactada del Estatuto de Gernika. Hasta el momento, la condición sobre la ausencia de violencia se había planteado desde un principio como el escenario en el que debía llevarse a cabo un referéndum de esta naturaleza que no tendría validez jurídica pero que puede tener, según sus defensores al menos, importantes efectos políticos en el País Vasco. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, señaló en un artículo de opinión a comienzo de julio que un referéndum, planteado sin consenso previo como una mera acumulación de fuerzas, podría alimentar la estrategia de ETA después de la ruptura del alto el fuego.
Ibarretxe se plantea incluir en esta consulta un reconocimiento sobre el derecho de decisión y podría también hacer referencia a la apuesta por el final de la violencia mediante un pronunciamiento claro contra ETA. Ésta es, al menos, la posición de Madrazo, que quitó dramatismo al primer asunto y consideró que «no debería ser motivo de escándalo el que hablemos de una consulta para que la sociedad vasca se pronuncie sobre las reformas del Estatuto para avanzar hacia la consecución de la normalización política». «Debería ser un hecho normal», aseguró, lo extraño es que genere tanto revuelo y tanta polémica». En este sentido señaló «entender en cierta manera que el PP dé la espalda a la posible consulta», pero expresó su extrañeza por la actitud del PSOE, que, a su juicio, «debería ser un agente impulsor de la consulta».
«Dificultad añadida»
Para Madrazo, impulsar iniciativas políticas «es ir directamente contra la línea de flotación de la propia estrategia de ETA y es demostrarle que la violencia no es necesaria para resolver nuestros problemas, sino todo lo contrario, es un estorbo, es una dificultad añadida que además de causar daños personales y atacar directamente a los derechos humanos, lo que hace es impedir la resolución de esos problemas políticos».
«De manera que mientras ETA siga actuando, la consulta, además de abordar la cuestión del derecho de decisión, debe poder plantear a la sociedad vasca un pronunciamiento claro en contra de la violencia», remarcó el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales. De este modo, explicó que en un contexto de tregua sería «suficiente» plantear la cuestión pendiente a la normalización y al derecho a decidir», por lo que consideró necesario que la sociedad vasca aproveche esa consulta para expresarse en contra de la violencia «para que la organización armada no quiera utilizar esa consulta en beneficio propio y no quiera manipularla».
Con anterioridad al pleno del Parlamento, responsables de las tres formaciones del Gobierno Vasco intentarán acordar una posición sobre las condiciones de la consulta. Imaz ha recalcado como requisito la ausencia de violencia y ha recordado que se trata de una de las condiciones establecidas tanto en el documento sobre pacificación y normalización aprobado por unanimidad por el EBB de su partido en octubre del pasado año como en el programa de gobierno de coalición del tripartito.
Esta condición -la ausencia de violencia- empieza a generar fricciones en el seno de la alianza que sostiene al Gobierno Vasco y comienza a provocar un debate de calado en el mundo nacionalista. En alusión a esta espinosa cuestión, Madrazo recordó ayer que ETA «no puede marcar la agenda política de Euskadi» e insistió en que se tienen que proponer propuestas para que la política no quede paralizada en Euskadi. A su juicio, impulsar iniciativas políticas «es ir directamente contra la línea de flotación de la propia estrategia de ETA».
Para Madrazo, ETA «sigue empeñada en dar la espalda a la sociedad vasca y no atender su voluntad». En opinión del consejero, «lo lamentable es que Batasuna sigue actuando bajo la tutela de la dirección de ETA, que es la que decide y marca el futuro del llamado MLNV».
El programa de gobierno entre el PNV, EA y EB reconoce que la convocatoria de una consulta popular está condicionada a la consecución de un acuerdo político previo que debe ser refrendado por la ciudadanía, y que tiene que darse en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones.
El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, opina también que la consulta popular debería llevarse a cabo en la actual legislatura ya que, a su juicio, «ETA no puede ser usada como excusa para impedirla». En opinión del líder jeltzale guipuzcoano, esta consulta «puede ser una línea de desbloqueo».
