SAN SEBASTIÁN. DV. Rufino Eizaguirre fue cesado como jefe de la oficina técnica del diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, porque cuando fue designado para el cargo ocultó que entre sus actividades figuraba la de ser socio en dos empresas con José María Bravo, principal imputado por el presunto fraude de la delegación de la Hacienda Foral en Irun.
El portavoz foral, Koldo Azkoitia, justificó con este argumento el cese del cargo de confianza del diputado general, al tiempo que lamentó lo que consideró un «linchamiento público», porque el cargo cesado no está imputado en el caso abierto por supuesta corrupción en la oficina irunesa.
Azkoitia se afanó ayer durante una rueda de prensa en tratar en disociar la condición de cargo de libre designación de la de cargo de confianza, aunque fue la pérdida de ésta última la que ha motivado su destitución. Precisó que Eizaguirre es funcionario foral y que, en su condición de alto funcionario, hizo una declaración de actividades en la que no informó al diputado general sobre su participación en las sociedades limitadas Ekialde y Rozas Cabera, dos de las empresas que, según la investigación del fiscal Jaime Goyena, presuntamente se habrían utilizado durante años para blanquear el dinero defraudado al fisco guipuzcoano.
Azkoitia abundó en la idea de que desvincular la situación de Eizaguirre en el organigrama del diputado general de cualquier responsabilidad política, y mencionó que en la Diputación hay 98 altos funcionarios que desempeñan cargos de libre designación.
Veinte años en el cargo
Eizaguirre, que llevaba «veinte años» en el cargo, sucesivamente designado por los diputados generales, tenía encomendada hasta su destitución la «gestión, tramitación y control contable de la actividad económica del área del diputado general», así como la «elaboración del anteproyecto del presupuesto del área de diputado general».
Tras recordar que Eizaguirre ni ha sido imputado ni «nadie ha determinado que vaya a ser juzgado», Azkoitia explicó que seguirá siendo funcionario foral mientras no exista una sentencia en su contra. Ayer, Eizaguirre acudió a su puesto de trabajo como funcionario.
Además del cese de este cargo, el Gobierno foral ha decidido contratar a un «abogado penalista de prestigio» para que, junto con los servicios jurídicos forales, lleve la acusación particular en el procedimiento judicial por el caso de la Hacienda de Irun.
La línea de actuación que tendrán encomendada será lograr que «los generadores del fraude asuman la responsabilidad civil de resarcir las cantidades defraudadas», que ascienden ya a más de cinco millones de euros.
Preguntado sobre a quiénes cabe considerar «generadores» del fraude fiscal -quienes robaron el dinero, los que pagaron menos de lo que debían...-, el portavoz foral dijo que se conocerán cuando se pronuncien los tribunales.
La tercera decisión adoptada por el Gobierno foral es la de crear una nueva jefatura en la unidad de inspección del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, para «abordar» la inspección patrimonial que la Hacienda Foral efectuará a todas las personas que figuran como partícipes de los bienes y sociedades presuntamente empleadas para blanquear el dinero defraudado. Entre estas personas figuran, además de los cuatro imputados, Víctor Bravo, que dimitió como senador del PNV y es hermano del ex director de la oficina de Irun José María Bravo; su esposa, María Aránzazu Arbelaiz, directora de Servicios Generales del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, y el ex miembro del gabinete de Txabarri Rufino Eizaguirre.
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