La Diputación de Gipuzkoa investigará el patrimonio de las personas "partícipes" en las propiedades y empresas del ex director de la oficina de Hacienda de Irún, José María Bravo, incluidos su hermano, el ex senador Víctor Bravo, y dos cargos del Gobierno vasco y la propia Diputación.
La Diputación matizó hoy que el jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general, Rufino Eizaguirre, socio del ex director de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo, no es un alto cargo de la institución foral, sino un funcionario con un cargo de libre designación.
El portavoz foral, Koldo Azkoitia, informó hoy en una rueda de prensa de que el consejo de diputados decidió ayer que Hacienda incluya en el plan de inspección a los cuatro imputados en el caso y a "todas las personas partícipes en propiedades y empresas que sirvieron para ocultar el dinero sustraído, según la denuncia efectuada por la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa".
En total, esta investigación patrimonial de Hacienda afectará a 16 empresas y 18 personas, entre las que figura Víctor Bravo, ex director de Hacienda de Guipúzcoa y hermano del principal imputado, quien ha dimitido esta semana como senador del PNV por este caso.
También se encuentran en este listado la esposa de Víctor Bravo, María Aranzazu Arbelaiz Guelbenzu, actualmente directora de Servicios Generales del departamento de Industria del Gobierno Vasco, así como un funcionario de la Diputación de Gipuzkoa, Rufino Eizagirre Olcoz, jefe de la oficina técnica del gabinete y de las direcciones generales dependientes del diputado general, Joxe Joan González de Txabarri.
Blanqueo de dinero
El Ministerio Público considera que las empresas de estas personas sirvieron para blanquear el dinero que la presunta trama dirigida por José María Bravo obtenía de contribuyentes que tenían deudas tributarias, a los que posteriormente se declaraba insolventes o se les daba por prescrita la deuda.
Aunque Azkoitia rehusó dar ningún nombre, la denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, detalla que Víctor Bravo era copropietario de un local comercial de Jerte (Cáceres), del que también son titulares José María Bravo, su esposa, María Rosa Cobos Crespo (también imputada en el caso) y la mujer del ex senador, María Aranzazu Arbelaiz.
Víctor Bravo aparece citado además como co propietario de dos de las empresas que el fiscal sostiene que fueron utilizadas para "encubrir la ilícita procedencia del dinero" de los contribuyentes del que presuntamente se apropiaron los imputados.
Se trata de la compañía Roza Cabrera S.L. y Ekialde S.L., firma en la que no figura José María Bravo pero que es co propietaria de Fomento y Desarrollo del Valle del Jerte, otra compañía administrada por el ex director de la oficina de Irun.
Además, tanto en Roza Cabrera S.L. como en Ekialde S.L., el fiscal cita como co propietario a Rufino Eizagirre Olcoz, un miembro del gabinete del actual diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri.
