El portavoz foral, Koldo Azkoitia, anunció esta decisión ante "la gravedad de los hechos" que se imputan a los acusados, entre los que se encuentra José María Bravo, ex director de la oficina de Hacienda de Irun y hermano del senador del PNV Víctor Bravo, quien ocupaba el cargo de director general de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa cuando supuestamente se produjo la malversación.
Azkoitia insistió en que fue la propia institución foral "durante esta legislatura la que tomó la iniciativa" de poner en manos del fiscal este asunto el pasado 12 de septiembre, "a la vista" de las irregularidades descubiertas por una auditoría interna del ente foral y destacó que, desde entonces, la Diputación ha trabajado "codo con codo" con el Ministerio Fiscal.
El portavoz foral, que felicitó a la Fiscalía por el trabajo desarrollado, dijo que las investigaciones llevadas a cabo en estos siete meses y medio "vienen a corroborar en sus propios términos" los datos de los que disponían los responsables de la Diputación, que calificó de "relevante gravedad" y que han dado lugar a que se impute a los presuntos implicados en la trama un delito de malversación de caudales públicos, uno continuado de falsedad de documento público y otro de blanqueo de dinero.
Destacó que la Diputación se personará como acusación particular para defender "sus propios intereses", los de "los ciudadanos que han actuado con honradez y transparencia en su relación con la Hacienda Foral" y "la imagen de la institución".
Rechazó que no hayan funcionado "los controles" del departamento de Hacienda, como ayer aseguró el dirigente socialista Miguel Buen, e insistió en que precisamente fue el Servicio de Intervención y Auditoría el que sacó a la luz las anomalías, en un informe que concluyó en agosto de 2005 y que, antes de que llegara a manos del fiscal trece meses después, fue archivado por el área de Finanzas.
Archivo de la auditoría
La resolución de archivo, fechada en diciembre de 2005, señalaba que, de las alegaciones presentadas por la Dirección de Hacienda al informe de los auditores, se desprendía que había "circunstancias justificativas de los hechos señalados en la auditoría relativos al cambio de oficina gestora y a la no conclusión de los expedientes conforme al procedimiento reglamentario".
Es decir, que observó circunstancias que en su opinión justificaban que Irun se hubiese encargado de unos expedientes que correspondía tramitar a otra oficina de la Hacienda Foral y que además éstos se hubiesen dado de baja por insolvencia siguiendo un proceso ajeno al reglamento.
Azkoitia aseguró que la auditoría no se archivó, en la medida en que planteaba volverla a retomar si se conocían nuevos datos, y destacó que, "en el momento en que se detectó el primer caso, el expediente se activó".
"Los servicios de inspección estuvieron trabajando todos esos meses en la búsqueda de datos que viniesen a corroborar esa situación", dijo el portavoz foral. Sí reconoció que "en un momento determinado" fallaron los "controles ordinarios" y puso de relieve que del informe del fiscal "la única conclusión que se puede sacar es ¿cómo se controla al controlador?".
Respecto al hecho de que la investigación se prolongara durante nueve años, puso de relieve que al final "los procedimientos funcionan, y que el que la hace la paga".
Preguntado por las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de este caso, aclaró que primero se deberán establecer los hechos delictivos y su gravedad y posteriormente determinar si existen esas responsabilidades.
Lamentó asimismo las declaraciones y críticas de los partidos de la oposición e indicó que "quien quiera ponerse medallas en este tema tendrá que examinar la propia historia y ser mínimamente riguroso".
