José María Bravo es hermano del senador del PNV Víctor Bravo, que era director general de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa cuando el primero dirigía la oficina de Irún y cuando supuestamente ocurrieron los hechos, los cuales, según el fiscal, se sucedieron desde 1995 hasta, "como mínimo", abril de 2004.
La denuncia que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Irun el pasado lunes 30 de abril señala que los cuatro participaron en una trama para cobrar diferentes cantidades a contribuyentes que no fueron ingresadas en Hacienda, sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o en entidades mercantiles interpuestas.
Las cantidades cobradas superan el millón de euros, si bien la Hacienda foral dejó de ingresar 3.084.292 euros, ya que lo adeudado era superior al dinero entregado por los contribuyentes a los presuntos malversadores.
Para evitar que estas operaciones ilícitas fueran descubiertas, se manipularon los sistemas informáticos y contables de la Hacienda foral y se dio por extinguida la totalidad de la deuda de cada uno de esos contribuyentes, "ya declarándolos insolventes, ya declarando prescrito el expediente", según explica el fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, en un escrito hecho público hoy, en el que no desvela el nombre de los imputados.
José María Bravo ha rehusado hoy pronunciarse al respecto, entre otras razones, porque el juez aún no ha incoado diligencias sobre el caso.
Bravo aseguró a Efe que no ha recibido notificación alguna de la denuncia interpuesta por la Fiscalía ante el Juzgado de Irun, aunque sí dijo que fue citado a declarar durante la investigación del caso por parte del Ministerio Público.
Siete meses de investigación
El fiscal, que pide al juez la "incoación de un procedimiento penal" contra los cuatro imputados, comenzó a investigar estos hechos el 12 de septiembre de 2006, después de que el diputado para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa, Juan José Mujika, remitiera un escrito en el que indicaba que el Servicio de Intervención y Auditoría "había detectado una serie de prácticas irregulares en la gestión de diversos expedientes de la delegación de la Hacienda Foral de Irun".
Durante estos siete meses y medio de investigación, para lo que el fiscal general del Estado tuvo que autorizar una prórroga de las actuaciones al concluir el plazo en el mes de marzo, la Fiscalía ha interrogado a "numerosos testigos" y ha solicitado "una nutrida información financiera a organismos públicos y entidades privadas".
El 1 de marzo, cuando "ya podían delimitarse con precisión un gran número de conductas delictivas", acordó tomar declaración como inculpadas a cinco personas, de las cuales lo hicieron cuatro, ya que una de ellas, que se encuentra entre los imputados en la denuncia, se negó a declarar "haciendo uso de su derecho constitucional a guardar silencio".
El fiscal explica en su escrito que las investigaciones llevadas a cabo "han permitido constatar" que, "con ánimo de ilícito enriquecimiento y valiéndose de acceso directo a información tributaria", los imputados "recabaron los nombres de numerosos contribuyentes que habían contraído deudas con la Hacienda Foral".
Uno de ellos contactaba con los contribuyentes y les reclamaba el pago de la deuda, "ocultándoles en todo momento su verdadero propósito".
Entrega del dinero
El fiscal precisa que, como en la mayor parte de los casos los contribuyentes no disponían de la suma total que se les pedía, el imputado "optaba por rebajarles el importe con el propósito de estimularles a un pronto pago de la deuda".
Los contribuyentes, "en la confianza de que los pagos iban a ser ingresados en la Hacienda Foral", acudían a la oficina de Irun para entregar el dinero, unas veces en metálico y otras mediante cheque bancario, cantidades que "en todos estos casos", según el Ministerio Público, fueron a parar a manos de los inculpados.
Varios contribuyentes tuvieron que contratar un préstamo bancario para hacer frente a los pagos exigidos.
Para "encubrir la procedencia ilícita del dinero y asegurar su aprovechamiento", añade el fiscal, los imputados "se sirvieron de, al menos dieciséis entidades mercantiles y catorce bienes inmuebles".
Todas estas conductas son consideradas "indiciariamente" por el fiscal como constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos, uno continuado de falsedad en documento mercantil y otro de blanqueo de capitales.
