La Cámara de Vitoria aceptó la toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa legislativa que, cuando sea aprobada, será defendida ante las Cortes Generales. Propone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para imposibilitar la incomunicación y para hacer obligatoria la colocación de cámaras en los centros de detención.
Esta iniciativa de Aralar, que fue apoyada por el PNV, EA, EB y EHAK y contó con el rechazo de "populares" y socialistas, ya fue sometida a votación el pasado mes de noviembre y fue rechazada por la ausencia en sus escaños de algunas parlamentarias de EHAK.
Con la aprobación de hoy se iniciará de nuevo la tramitación de la proposición que, salvo sorpresas como la de hace unos meses, saldrá adelante.
Durante el debate, Ainztane Ezenarro (Aralar) defendió el texto y su concreción legal, ya que en materia de prevención de la tortura "se debe pasar de las palabras a los hechos".
Elixabete Piñol (PNV) rechazó que se invoque la lucha contra el terrorismo para mantener la incomunicación, porque, dijo, es posible una política en esta materia "rigurosa" suprimiendo esta posibilidad.
Rafael Larreina (EA) argumentó que el "fin no justifica los medios" y destacó que desde la tramitación de la anterior iniciativa similar hasta ahora "hay una mayor sensibilidad en todos los ámbitos en torno a esta materia, como en la Audiencia Nacional", en referencia a la resolución en torno a la colocación de cámaras de vídeo para grabar las detenciones.
Nekane Erauskin (EHAK) explicó que apoyaban el texto porque para "terminar con la tortura se debe terminar con la incomunicación" de los detenidos y porque se deben garantizar "todos los derechos".
En contra de tramitar este procedimiento legislativo se mostró Rodolfo Ares (PSE-EE) quien recordó que la denuncia sistemática de torturas ha sido una "campaña orquestada permanente" por el mundo de ETA con el fin de "desprestigiar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Ares explicó que con esta iniciativa se pretende "derogar artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que son parte esencial de la legislación antiterrorista" y recordó que si en noviembre ya defendieron la conveniencia de mantenerla, ahora, después del atentado de Barajas, es "absolutamente necesaria para seguir combatiendo a ETA".
Al igual que Ares, Carlos Urquijo (PP) rechazó que se pueda hablar de torturas en España y dijo que cuando existen casos esporádicos "actúan" los Tribunales.
Urquijo añadió que el de hoy no era un "debate inocente", porque la supresión de la incomunicación es una "reclamación histórica de la banda terrorista ETA".
Dijo que el fin de la incomunicación y la grabación de la estancia de los detenidos no imposibilita la práctica de torturas si algún funcionario quisiera infringirlas y sí "debilita el trabajo policial", por lo que hoy "quienes se frotan las manos son los terroristas" con esta tramitación.
